El último fin de semana el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, una moción que encarga a la comisión de Justicia una investigación sumaria, por el plazo de 14 días, contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes podrían ser removidos del cargo en caso el Parlamento así lo considere pertinente.
Los siete investigados son Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
A los seis magistrados se les acusa de haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, así como se cuestiona una presunta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a Ávalos.
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Al respecto, Tumialán no descartó que su institución acuda al Tribunal Constitucional (TC) y organizaciones supranacionales para apelar una eventual destitución de sus siete integrantes, tal como pretendería el Parlamento.
“En cuanto a las acciones que vamos a realizar como miembros de la JNJ, apelaremos a todos los medios, los mecanismos de protección de derechos que gozamos todas las personas (…) y luego también en todas las instancias que la Constitución permite y que las normas internacionales protegen las garantías del debido proceso”, dijo a RPP, tras precisar que más allá de las declaraciones en medios de comunicación, no habrían recibido ningún apoyo formal del Ejecutivo
Entre los organismos del exterior a los que podrían recurrir, Tumialán señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especializada en Independencia Judicial de Naciones Unidas están entre sus opciones.
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“El pueblo ha comprendido que esta decisión es política. Nosotros, desde la JNJ, estamos informando en los medios de los cargos que se nos atribuyen de que no habría indicios. Hay necesidad de una reflexión mayor por parte de los integrantes del Congreso sobre la decisión adoptada”, puntualizó.
“Esto es un quiebre al proceso constitucional”
Respecto a la investigación, la titular de la JNJ consideró que no tiene ninguna garantía porque no existe regulación del proceso, así como recordó que ni el Reglamento del Congreso precisa cuál va a ser el procedimiento de esa pesquisa.
“Como JNJ tenemos claro que esto es un quiebre al orden constitucional, porque somos una institución constitucional autónoma que fue creada después de una reforma constitucional con referéndum de alta votación (...) hemos dado muestra suficiente de un trabajo transparente en la selección de jueces y juezas que es meritocrático, con un reglamento detallado (y) garantizando totalmente los derechos de los jueces y juezas del país”, indicó.
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Además, señaló que es “preocupante” que no se haya tipificado la causa grave que motiva la indagación sumaria.
“Se nos atribuye que hemos presionado al presidente del Poder Judicial, pero no hay ningún indicio que amerite ello”, remarcó.
Si bien insistió en que el proceso que se llevará a cabo en el Congreso no está regulado, dijo esperar de que tenga las garantías mínimas para que los miembros de la JNJ puedan presentar sus alegatos de defensa.
“Como mujeres y hombres de derecho vamos a cumplir con la Constitución y las normas. Estamos sujetos a la investigación y seremos los primeros en pedir que se nos escuche y se nos permita presentar toda la argumentación y documentos necesarios, porque algunas de las imputaciones no tienen ningún argumento, ningún indicio”, precisó.
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