Tras más de un año y varios meses en investigación, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, en la modalidad de omisión impropia y dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos registradas en las protestas en contra de su Gobierno, entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
En la relación también están comprendidos los extitulares de la PCM Alberto Otárola y Pedro Angulo, así como los exministros de Defensa y del Interior Jorge Chávez Cresta, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.
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A todos ellos se les sindica como los presuntos autores de los delitos antes mencionados contra los ciudadanos Cristian Álex Rojas Vásquez, Teófilo Ramírez Ortega, Miguel Ángel Velásquez Chilingano, entre otras personas más.
A través de un comunicado, se precisó que los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
En dicho lapso de tiempo se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos).
Además, señalaron que existen 303 carpetas fiscales en las regiones antes mencionadas, en las que se viene investigando a 824 personas por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
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Recurrirán al Tribunal Constitucional
En diálogo con RPP, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, explicó que lo que realizó la Fiscalía de la Nación es partir la investigación contra su patrocinada en dos. Por un lado, archivó el delito de genocidio, mientras que el tema de homicidio y lesiones graves y leves continúan.
Al respecto, remarcó que estos tres delitos que se le atribuyen a la presidenta también deben ser archivadas por parte de Villena.
“De ninguna manera se justifica (que siga la investigación por homicidio). No se trata de que no queremos que no se le indague. La presidenta se sometió de manera inmediata a la investigación, lo que nosotros hemos dicho es que esta investigación no debió existir en tanto no se hayan determinado responsabilidades en cada lugar. Todo empezó mal”, cuestionó, tras precisar que esto afecta a la defensa de los policías y militares involucrados en el caso.
En ese sentido, adelantó que una acción de amparo frente a esta investigación “ya está llegando” al Tribunal Constitucional (TC).
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