:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NJ3V2LHSANFF3D6SEXWAVHHMXE.jpg)
El jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, dijo desconocer las causas por las que la Sunat no puede ejecutar el pago a Odebrecht. “No estoy muy informado al respecto. Sin embargo, obviamente, si hay algún nivel de esclarecimiento que lo hagan los entes rectores ante la opinión pública”, apuntó.
La ejecución de la Ley 30737, que incentiva a que las empresas vinculadas en actos corruptos como Odebrecht se acojan a la colaboración eficaz, no permite que la Sunat pueda hacer efectivo un cobro de S/ 1,032 millones a la constructora brasileña.
El abogado tributarista José Verona señaló en Radio Exitosa que esta dispositivo propuesto por el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski prohíbe también que la Sunat embargue a la brasileña Odebrecht, sus socias y algunas empresas del Club de la Construcción.
“Si quieres hacer la cobranza coactiva, rompes el candado que ha puesto el Gobierno de PPK”, anotó.
¿De qué manera? Según dijo, el presidente Martín Vizcarra puede que sacar un decreto de urgencia que modifica la segunda disposición final y transitoria de la Ley 30737, que le devuelve a Sunat la facultad de cobranza coactiva sobre Odebrecht.
¿Y el acuerdo peligra?
Verona negó que si en el supuesto caso de que el Ejecutivo emita la norma se genere un conflicto con el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía.
“La Fiscalía solo libera a Odebrecht de responsabilidades penales, nunca de derechos patrimoniales que tenga Sunat sobre temas tributarios con el Gobierno”, anotó (ver nota vinculada).
El experto señaló, además, que la deuda de S/ 1,032 millones data de 30 de noviembre del 2019. Esta se generó como parte de la fiscalización que realizó la Sunat a las obras que tiene la empresa brasileña en el país, entre ellas la Interoceánica Sur.
Pérez archivó denuncia contra tres exdirectivos
El fiscal José Pérez archivó una denuncia formulada por la Sunat contra tres exdirectivos de Odebrecht por S/ 1,032 millones, debido al supuesto delito de defraudación tributaria. Según reveló Panorama, la denuncia se dirigía a Carlos Nostre, Jorge Barata y Raimundo Serra. Este recurso fue archivado por Pérez en el marco de cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz firmado por la constructora y el Ministerio Público.
El acuerdo fue homologado por el Poder Judicial el 17 de junio del 2019 y estableció que los procesos penales contra los exdirectivos de la empresa debían archivarse; sin embargo, esta condición no contemplaba delitos tributarios. Dos días después, el 19 de junio, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, amplió las competencias del Equipo Especial e incluyó este tipo de delitos. Pérez negó ayer haber archivado la denuncia y afirmó que solo cumplió con la ejecución del acuerdo.
Dijo que las acusaciones fueron presentadas durante la gestión de Víctor Shiguiyama como jefe de Sunat y de Cecilia Matsuno como jefa de Aduanas. Sostuvo que Matsuno fue tesorera de Fuerza Popular e indicó que sorprende que justo denuncien a Barata cuando el Equipo Especial recibía información importante contra investigados del caso Keiko Fujimori.