La defensa del exmandatario cuestionó que el Ministerio Público cambiara el presunto móvil de las contrataciones a Richard Cisneros, argumento que fue respaldado por el magistrado Juan Carlos Checkley. Foto: Difusión.
La defensa del exmandatario cuestionó que el Ministerio Público cambiara el presunto móvil de las contrataciones a Richard Cisneros, argumento que fue respaldado por el magistrado Juan Carlos Checkley. Foto: Difusión.

La decisión representa un revés para la Fiscalía y un fallo favorable a la defensa del exmandatario.

La resolución fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, quien concluyó que la Fiscalía introdujo una

Como se recuerda, en 2024 el Congreso acusó constitucionalmente a Vizcarra y levantó su antejuicio político para que fuera procesado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado doloso (alternativamente, negociación incompatible) y obstrucción a la justicia.

Las imputaciones estaban relacionadas con las supuestas gestiones para favorecer la contratación de Cisneros en el Ministerio de Cultura, pese a que no cumplía con el perfil requerido.

Además de la presunta disposición de dichas contrataciones y el supuesto direccionamiento de las declaraciones de trabajadores de Palacio de Gobierno ante la Fiscalía.

No obstante, al formular su acusación en 2026, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada Anticorrupción imputó al exmandatario por negociación incompatible y, de manera alternativa, por tráfico de influencias.

¿Por qué el Poder Judicial devolvió la acusación contra Vizcarra?

La defensa de del expresidente, encabezada por el abogado Erwin Siccha, cuestionó que el Ministerio Público incorporara nuevos hechos a la acusación sin que estos hubieran sido autorizados por el Congreso.

Según el argumento de la defensa, durante el procedimiento parlamentario se sostuvo que el exmandatario habría favorecido a Cisneros debido a una relación de amistad.

Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que no modificó los hechos ni los delitos autorizados por el Legislativo, sino que únicamente precisó la imputación contra Vizcarra, quien pasó de ser considerado presunto instigador a autor.

No obstante, el juez Juan Carlos Checkley respaldó el cuestionamiento de la defensa. En su resolución, señaló que tanto durante el procedimiento parlamentario como en la formalización de la investigación el presunto móvil de las contrataciones había sido la relación de amistad entre Vizcarra y Cisneros.

Por ello, concluyó que no se trataba de una simple precisión de los hechos, sino de una alteración de la hipótesis fáctica inicialmente formulada.

El magistrado recordó que los procesos penales contra altos funcionarios deben respetar los hechos aprobados por el Congreso. En caso de que la hipótesis fiscal cambie durante la investigación preparatoria, se requiere un nuevo pronunciamiento del Parlamento, previa presentación de otra denuncia constitucional.

“La variación advertida no puede justificarse, conforme sostienen el Ministerio Público y la Procuraduría Pública, únicamente bajo la denominación de ‘precisión de los hechos’ ni por la incorporación de nuevos elementos de convicción o señalando el principio de progresividad”, señala la resolución.

OTRAS OBSERVACIONES

El Juzgado Supremo también identificó deficiencias en la exposición de los hechos.

En particular, advirtió que el requerimiento acusatorio no presenta de manera ordenada y diferenciada las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que sustentan la imputación principal por negociación incompatible y la alternativa por tráfico de influencias agravado.

Asimismo, cuestionó que la Fiscalía modificara el título de imputación de instigador a autor sin que se realizara una audiencia previa para evaluar esa variación en la calificación jurídica.

Finalmente, el juzgado dispuso devolver la acusación fiscal y ordenó al Ministerio Público subsanar las observaciones dentro del plazo de ley.

Además, estableció que, respecto de la modificación de los hechos, corresponde presentar una nueva denuncia constitucional ante el Congreso.

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