Hoy el Pleno del Congreso tenía previsto debatir el informe final de la comisión de Justicia que recomienda la remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta causa grave.
Sin embargo, a pedido de los propios magistrados de dicha institución el presidente del Congreso, Alejandro Soto, decidió postergar la discusión de dicho documento hasta el próximo miércoles 8 de noviembre.
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Para tal efecto, Soto anunció que, en el marco del debido proceso parlamentario, “se citará a los siete miembros de la JNJ con la finalidad de que puedan ejercer su derecho de defensa” en el Pleno.
Esto, a pesar de que el Poder Judicial admitió a trámite una acción de amparo presentada por la JNJ a fin de anular el proceso que inició el Parlamento. Es más, ya se notificó a las partes para convocarlos a una audiencia única en la que se evaluará el recurso. La sesión se realizará el próximo viernes 24 de noviembre, a las 8:45 a.m.
El recurso de la JNJ critica la postura asumida por el Congreso al calificarla de un “manifiesto agravio a la independencia funcional y al debido proceso”.
En ese sentido, los magistrados piden al Poder Judicial que reponga las cosas al estado anterior de la aprobación del informe final en la comisión de Justicia.
También se solicita que se declare la nulidad del acuerdo del Pleno del Congreso realizado el pasado 7 de setiembre. En dicha sesión se aprobó la investigación sumaria contra los miembros de la JNJ por supuesta causa grave, tras aprobar la moción impulsada por la legisladora Patricia Chirinos.
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¿De qué se acusa a los miembros de la JNJ?
El informe final elaborado por la comisión de Justicia recomienda la remoción de los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, por una presunta “causa grave”.
El grupo de trabajo que dirige Janet Rivas, de Perú Libre, encontró una falta grave en la actuación de estas siete personas en tres casos en concreto.
Estos son: por interpretar que la magistrada Inés Tello podía continuar en el cargo, pese a que había superado los 75 años de edad, por no haber cumplido con presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso y por haber emitido un comunicado en el que piden reflexión al Parlamento frente al proceso de acusación constitucional que afrontaba la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Esto, a pesar de que en el preinforme, elaborado por los asesores y técnicos del grupo de trabajo, en sus conclusiones no encontró causa grave en la actuación de estos magistrados en ninguno de los casos; sin embargo, a pedido de legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otras bancadas, el documento fue modificado.
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