El Poder Judicial rechazó en segunda instancia la demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte que buscaba anular la denuncia constitucional en su contra enviada al Congreso por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, tras el intento de golpe de Estado y la vacancia de Pedro Castillo.
La Segunda Sala Constitucional de Lima también adoptó similar medida respecto al extremo de dicha demanda de amparo, en el que la mandataria solicitaba que se archive tanto la investigación por la muerte de cinco personas y las lesiones de una sexta persona, que es la base de dicha denuncia constitucional, así como la investigación fiscal por el presunto delito de genocidio.
“La presente demanda de amparo se ha entablado de manera prematura, ya que el demandante no ha agotado los mecanismos internos previstos en el proceso penal subyacente. Por lo tanto, no cumple con el requisito de firmeza establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, impidiendo que este Colegiado constitucional pueda evaluar la existencia o no de la vulneración de los derechos constitucionales alegados”, concluyó la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia.
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Meses atrás la Fiscalía interrogó a Boluarte para determinar si había ordenado el ataque con armas contra los manifestantes, que resultó en decenas de fallecidos. La presidenta negó tales acusaciones y afirmó que el Consejo de Ministros fue la instancia que aprobó los planes operativos empleados por las fuerzas del orden para repeler a los manifestantes y pacificar el país.
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Durante su declaración, la presidenta se desmarcó de cualquier responsabilidad por las más de 60 muertes provocadas durante las manifestaciones que siguieron al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Las mismas fuentes indican que tras la intervención de la fiscal Patricia Benavides, el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), Omar Rojas, esperaba formular sus interrogantes, pero la defensa de Boluarte se opuso.
Cinco meses después de su declaración en el Ministerio Público, el 27 de noviembre de 2023, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, envió al Congreso la denuncia constitucional contra la jefa de Estado.
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