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El Poder Judicial ordenó a la Fiscalía de la Nación que entregue a la empresaria Sada Goray, quien afronta 30 meses de prisión preventiva en el marco del caso ‘Markagroup’, una copia de la declaración que brindó, en calidad de testigo, ante la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el proceso seguido contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.
Así lo decidió el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tras acoger la tutela de derechos presentada por los abogados de Goray.
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La defensa legal de la empresaria alegó en su recurso una presunta vulneración al derecho de defensa y al debido proceso por parte de la Fiscalía al negarse a recepcionar su pedido para que se le proporcione la documentación requerida.
Cabe recordar que el encuentro entre Goray y Benavides ocurrió el pasado 7 de febrero del 2023, en Miami (Estados Unidos). La cita duró más de cinco horas y se realizó en las oficinas del Consulado de Perú.
La exfiscal de la Nación estaba interesaba en saber lo que revelaría la empresaria sobre los actos de corrupción que podrían comprometer a Castillo, sus ministros, funcionarios y, sobre todo, a congresistas. Goray, entonces, declaró en calidad de testigo protegido en este caso.
Según fuentes allegadas a la empresaria, esta busca defenderse argumentando que fue utilizada por Benavides. Además, señalan que el objetivo de esa reunión, en Miami, era sacarle información para luego usarla como parte de su estrategia a fin de tener aliados en el Congreso, reveló Latina.
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Seguirá bajo prisión preventiva
En su resolución, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional consideró que los alegatos presentados por la defensa de la empresaria no desvirtúan los fundamentos por los cuales se le impuso la medida restrictiva.
Al dar al conocer su decisión, el juez Raúl Justiniano observó los contratos de trabajo presentados por Goray, la inconsistencia en las direcciones de dichas empresas, la temporalidad de los contratos y los cuestionamientos que formula a los delitos imputados en su contra.
El Ministerio Público investiga a la empresaria por el presunto delito de colusión agravada y se le acusa de presuntamente haber efectuado sobornos para beneficiar a su empresa Markagroup.
Precisamente, Goray confesó que pagó alrededor de S/ 4 millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, para que sus proyectos en el Fondo MiVivienda fueran aprobados.
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