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El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry no solo es cuestionado por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que durante su gestión cuando fue presidente en la Academia de la Magistratura (AMAG) entre los años 2017 y 2018, ocurrieron irregularidades.
Gestión accedió al documento “Auditoría N°5641 Correcto uso de los recursos financieros, materiales y de recursos humanos”, el cual inspeccionó las decisiones administrativas de la AMAG desde el 1 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2017.
Según la auditoría, “se evidenció la existencia y uso de documentación carente de veracidad en 20 contrataciones sin proceso durante el ejercicio económico 2017, que sustentó y favoreció la contratación de seis proveedores por un importe de S/ 234, 500 afectando la transparencia y libertad de concurrencia que deben caracterizar las contrataciones públicas”.
La Contraloría también halló evidencia de la existencia y uso de documentación presuntamente falsa en la contratación sin proceso para la elaboración de proyecto de adecuación de la entrada principal de la AMAG.
“Se favoreció con ello al proveedor ganador por el monto de S/18,500 afectando la transparencia y libertad de concurrencia que deben caracterizar las contrataciones públicas”, reza el oficio.
El órgano de control detectó que durante los años 2016 y 2017, se otorgaron “vales de consumo de alimentos” al personal, habiéndose incrementado con respecto a lo percibido en el 2015.
“Además se incluyó irregularmente al personal CAS durante los años 2015, 2016 y 2017; generando pagos indebidos por S/ 133, 597.50”, cita el documento.
Asimismo, la Contraloría señala en su auditoría que el beneficio económico denominado “servicio de refrigerio” se otorgó en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, a personal que no cumplía la condición de 'día efectivamente laborado’, generando pagos indebidos por S/ 60 272,30, afectando el uso eficiente de los recursos públicos.
Finalmente, se halló que, en el 2018, la comisión evaluadora de los procesos CAS declaró ganadores a cuatro participantes al otorgarles puntaje en la evaluación curricular, pese a no cumplir con los requisitos mínimos del perfil requerido.
La Contraloría enviará el documento a la Procuraduría para que inicie las acciones legales contra 19 funcionarios de la AMAG.
