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La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima investiga la contratación de personal en Palacio de Gobierno, que fue designada en la gestión de Pedro Castillo, por presunta negociación incompatible.
De acuerdo a ‘Punto Final’, el 10 de diciembre del 2021, la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino envió un oficio a la Subsecretaría General del Despacho Presidencial para solicitar un informe sobre la contratación de personal en Palacio de Gobierno en los últimos 10 años.
Al detalle, se pedía conocer el procedimiento para la designación de personal en los servicios comunicacional para la redacción y revisión de contenidos en redes sociales en los últimos 10 años
La petición fue con el objetivo de esclarecer la investigación seguida contra Andrés Calle Mezares y Analí Carrión Díaz, como presuntos autores, además de Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Gian Baca Gonzáles, como presuntos cómplices, de los delitos contra la administración pública en agravio del Estado en la modalidad de colusión o negociación incompatible.
Según ‘Punto Final’, los contratos cuestionados por la fiscalía son los de Franco Pomalaya, quien se desempeña como asistente de comunicaciones del Despacho Presidencial, y José Luis Cristóbal Quispe, quien figura como funcionario en la Subsecretaría General del Despacho Presidencial. También aparece el de Gian Baca Gonzáles.
En tanto, para el Ministerio Público, los presuntos autores de los delitos cometidos serían Andrés Calle Mezares y Analí Carrión Díaz. El reportaje apunta que Pomalaya, Cristóbal y Baca habrían sido contratados a pesar de no contar con los requisitos para ejercer el puesto.
