Desde febrero de 2023 hasta marzo de 2024, la incorporación del “Protocolo para la Elaboración y Gestión de Alertas Preventivas” permitió evitar que escalen 155 casos de conflictividad, según se desprende del informe de gestión de Alexandra Ames, quien fue secretaria de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Ames afirmó que de los 155 casos de conflictividad más del 80% estuvieron ligados con la minería, ya que la mayoría sucede en territorios en los que se desarrollan las actividades extractivas. “Muchos de ellos, casi la mayoría que podrían haber escalado a una situación de bloqueo o de violencia superior que hemos logrado responder rápidamente estableciendo estas alertas”, señaló Ames al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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Cabe señalar que en todo el 2023, se emitieron 369 alertas preventivas a nivel nacional, de las cuales 5% fueron alertas de prevención (bajo), 46% alertas tempranas (intermedio), 45% alertas urgentes (inminente), y 4% alertas críticas (crítico).
Ames explicó que este sistema de alertas preventivas facilita la coordinación entre diferentes entidades gubernamentales y actores sociales para identificar aquellas situaciones de riesgo en los territorios, que podrían escalar a una situación de conflictividad y ser preocupantes para el país.
“Nosotros impulsamos una cultura con el #Todossomosprevención, en donde los gestores territoriales dispersos en las diferentes regiones del país, de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ya no se iban a dedicar nada más a llevar el diálogo en espacios de diálogo propiamente dichos, sino en una mirada más preventiva de la conflictividad bajo un análisis más sociopolítico del territorio”, añadió.
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Por otro lado, la exsecretaria de Gestión Social y Diálogo consideró que, además de fortalecer la cultura de prevención, es necesario fortalecer el cierre de brechas que brinde oportunidades equitativas a la población.
“Es importante trabajar de la mano con la Secretaría de Descentralización para apostar por un verdadero desarrollo territorial, que permita cerrar las brechas de desigualdad en estos territorios que han tenido la fortuna de tener la minería para poder recaudar más recursos, pero también se necesita un impulso al fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos regionales e intermedios, y también, por supuesto, del gobierno nacional para que estos recursos que se generan puedan convertirse realmente en progreso social para las comunidades”, apuntó.
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