The Economist: caos político en Perú no tiene cuando acabar

Desde que Boluarte asumió el cargo, el país se ha visto sacudido por manifestantes que exigen su renuncia, nuevas elecciones y una nueva constitución. Los pueblos indígenas y rurales, entre los cuales Castillo hizo campaña con promesas de cambiar el statu quo, están particularmente enojados. Sus 16 meses en el poder estuvieron marcados por escándalos de corrupción, ineptitud y caos. Pero muchos de los que votaron por él culpan a las élites de Lima, la capital. Estaban furiosos cuando fue destituido tan rápidamente.

Las manifestaciones fueron al principio pacíficas, pero rápidamente se volvieron desagradables y luego mortales. Para el 16 de enero, 50 personas habían muerto en los disturbios, la mayoría civiles en enfrentamientos con la policía y el ejército. Varias de las víctimas ni siquiera participaban en las protestas, como Yhamileth Aroquipa, una joven de 17 años asesinada por una bala perdida.

Boluarte ha descrito a los manifestantes como un “grupo de radicales que hacen sangrar al país”. El 14 de enero extendió el estado de emergencia en gran parte del país. Los extremistas sin duda han estado involucrados en los disturbios. Castillo y sus aliados de izquierda han avivado las llamas al insistir en que es víctima de un golpe de estado. Pero Gonzalo Banda, analista, dice que Boluarte está subestimando el poder de los grupos indígenas y rurales, especialmente en el sur.

Ha formado una alianza con partidos de centro y de derecha que controlan el Congreso y ha prometido no renunciar. Si lo hiciera, dejaría al presidente de la Congreso, un militar retirado, a cargo del país. En cambio, ha pedido que se celebren nuevas elecciones en abril del 2024, dos años antes de lo previsto. Esto requiere la aprobación del Congreso. Hasta ahora, la idea no ha logrado apaciguar a los manifestantes.

Una propuesta, defendida durante mucho tiempo por la izquierda, pide una nueva constitución. Esto ahora es apoyado por el 40% de los peruanos, el doble que en 2021, según una encuesta reciente. Pero la encuesta también sugiere que la búsqueda de un nuevo sistema político podría simplemente generar más disputas. El 72% de los encuestados quiere restituir la pena de muerte, y la mitad de los encuestados quiere que el Estado controle las industrias estratégicas.

Perú está “en un camino peligroso” hacia niveles de ingobernabilidad, dice Banda. “Hay una división muy marcada entre un Perú que defiende el sistema actual y un Perú que quiere cambiarlo”.