Gasoducto sur peruano. (Foto: GSP)
Gasoducto sur peruano. (Foto: GSP)

La constructora inició una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM) –con fecha 21 de enero– contra el Estado Peruano por el Gasoducto Sur Peruano, según explicó la empresa acusada de actos de corrupción al fiscal coordinador del caso Lava Jato, Rafael Vela.

En concreto, la empresa reclama las inversiones realizadas por más de dos mil millones de dólares en la concesión, por las que –dice– se contrataron financiamientos corporativos de diversos bancos nacionales e internacionales, incluyendo a Cofide.

“La resolución del contrato de concesión el 24 de enero de 2017, con la ejecución de las garantías presentadas al Estado (sin que el Estado indemnizara a la compañía por las inversiones realizadas) fue un golpe muy fuerte para la compañía, especialmente frente a determinados y muy relevantes grupos de acreedores financieros y aseguradoras internacionales”, sostiene la misiva.

La misma también precisa que legalmente la compañía y sus administradores tienen que intentar recuperar sus acreencias para cumplir con sus obligaciones y deberes fiduciarios frente a la Asamblea de Acreedores y, de esta forma, buscar la continuidad de las actividades de Odebrecht S.A.

“En enero vencía el plazo bajo el Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y Bélgica – Luxemburgo, lo que implicaría la prescripción de un derecho de acción de la compañía para intentar recuperar la inversión realizada en el GSP. Frente a esta circunstancia, la compañía ha intentado alcanzar un acuerdo con las entidades del MEM y del MEF, con el propósito de postergar la referida fecha de vencimiento e iniciar negociaciones para solucionar la controversia. Al no tener éxito, la compañía no tuvo otra opción que presentar la demanda ante el CIADI”, acota.

En un comunicado, la empresa recuerda que tras la terminación unilateral del contrato de concesión se disponía que el Estado tendría hasta 12 meses para terminación unilateral para dar continuidad al GSP por medio de una nueva subasta privada (u otras alternativas). “Pese a ello hasta la fecha no se ha convocado a dicha subasta la que permitiría, sin carga para el Estado, tanto el retorno de las obras para la rápida como el reembolso a la concesionaria y a sus accionistas por la inversión realizada”.

Recordó también que Odebrecht S.A –la holding controladora de OLI Lux– se encuentra en proceso de Junta de Acreedores en Brasil. En dicho proceso –alega– es obligada a ejercer todas las acciones necesarias para cumplir con el pago de todos sus acreedores, entre ellas la búsqueda de recuperación de la inversión realizada por OLI Lux en el GSP.

“No hacerlo representaría una grave violación de obligaciones fiduciarias frente a sus acreedores (inclusive autoridades de Brasil como el Ministerio Público Federal, la Contraloría y la Procuraduría)”, afirma.

“Debido al plazo límite legal establecido en el tratado bilateral y a las obligaciones de Odebrecht S.A. en el proceso de Junta de Acreedores conducido en Brasil, OLI Lux no ha tenido más remedio que iniciar formalmente el arbitraje, buscando preservar sus legítimos derechos y de sus acreedores”, agregó.

Lea aquí la carta de respuesta del Ministerio Público a Odebrecht:




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