Pese a que ya ha transcurrido cerca de dos meses desde que entrara en vigencia, la ley que modifica la definición del crimen organizado sigue ocasionando repercusiones.
Al respecto, el vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se mostró a favor de revisar y modificar la ley en mención, ante los cuestionamientos que surgieron.
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“Creo yo que si (la norma) está generando tanta ola de críticas, es hora entonces de sentarnos a poder modificarla. No hacemos ninguna cuestión de estado por esta ley, toda ley es perfectible”, indicó a RPP.
Sin embargo, calificó de bastante “ruin” que se culpe al Parlamento por el aumento de las extorsiones, tal como señala el CAL.
“Sí me parece bastante ruin y una narrativa, creo yo, que llama a la distorsión y a la desinformación el culpar al Congreso por la ola de extorsiones que hoy están sucediendo y que son consecuencias de políticas nefastas y obviamente del olvido del Estado durante tanto tiempo”, cuestionó.
Muñante dijo que le parece bastante irónico el pronunciamiento del CAL al señalar que dicho organismo “prácticamente nunca se han pronunciado y han emitido ningún comunicado” ante la delincuencia que azota nuestras calles.
“Ahora utilizan, a mi juicio, una narrativa para poder culpar al Congreso de las extorsiones que hoy en día están sucediendo o en todo caso del aumento de extorsiones, por una ley que hoy está siendo cuestionada”, recalcó.
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No puede ser utilizada como un “caballito de batalla”
No puede ser utilizada como un “caballito de batalla”
Si bien admitió que el Parlamento ha cometido muchos errores que han sido subsanados, el legislador resaltó que la ley que modifica la definición del crimen organizado no fue aprobada por su bancada. Pese a ello, enfatizó que la norma no se está oponiendo en ninguna forma a los allanamientos, tal como señalan sus detractores.
“La ley no se está oponiendo en ninguna forma a los allanamientos. La Policía llega, inmoviliza la zona, captura a las personas que están adentro y, para poder continuar con las incautaciones, es ahí en donde esperan a la defensa, ya sea particular o pública (...) la Fiscalía misma ha publicado en su cuenta de Twitter que hay allanamientos en donde se interviene, se captura, se enmarroca a las personas y, para poder continuar con el levantamiento de sus cosas, dentro de un inmueble completamente tomado y controlado, allí es donde se notifica a los abogados”, enfatizó.
A su juicio, lo estipulado en la norma “siempre ha sucedido para poder garantizar el derecho de la defensa”; sin embargo, recalcó que está a favor de modificarla para que no sea usada como “caballito de batalla” por sus críticos.
“Lo que aquí ocurre es simplemente una narrativa para poder echarle la culpa al Congreso de esta situación, pero creo que sí es importante, no me niego ante esa posibilidad, de poder revisar la norma, hacerle los ajustes que se tengan que hacer, con la finalidad, de que ya no se utilice esto como caballito de batalla y podamos concentrarnos todas las autoridades en su conjunto para poder combatir la inseguridad ciudadana”, puntualizó.
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