Esto, luego que el último sábado el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, levantara la sesión del Pleno sin que se llegara a un acuerdo en torno a estas dos iniciativas debido a una serie de discrepancias entre las bancadas.
Al respecto, el vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, adelantó que de todas maneras van por modificación de la ley, descartando de esta manera que vaya a ser derogada, tal como exige el gremio de transportistas.
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En diálogo con Canal N, explicó que esta postura es parte de un consenso previo entre los grupos parlamentarios; sin embargo, advirtió que existen “maniobras oscuras” por parte del presidente de la comisión de Justicia, Isaac Mita, para dilatar el asunto.
“Vamos por la modificación porque creemos que toda ley es perfectible y tampoco es que creemos que la antigua ley era mejor que la que estamos viviendo. Lo importante es modificar”, remarcó.
Al ser consultado por los aspectos que modificarán de la ley, Muñante explicó que se corregirá el concepto de criminalidad organizada en lo que respecta a su finalidad. Según dijo, se busca corregir esta frase “...con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”.
“Esa frase que no se entiende y que está sujeta a interpretación la queremos cambiar por una redacción mucha más sencilla como, por ejemplo ‘beneficio económico directo o indirecto’”.
Agregó que también se precisará que en los allanamientos que se realicen a los inmuebles de los investigados sí o sí debe estar presente un abogado de oficio, así como se recalcará que estas diligencias no se podrán interrumpir pese a que el involucrado se encuentre o no en el recinto o no esté presente su abogado de elección particular.
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“Es decir, el allanamiento va de todas maneras, con la presencia de un abogado de oficio, que le va a dar la legalidad a la diligencia correspondiente”, enfatizó.
Se busca incluir delitos que no estaban en la ley
En otro momento, el congresista indicó que la reducción de penas planteada en la norma se debe a que quieren incluir aquellos delitos que no estaban contemplados inicialmente como, por ejemplo, el tráfico ilícito de terrenos, estafa, entre otros.
“Nosotros estamos queriendo bajar a cuatro (años), pero hemos visto la resistencia de Perú Libre de no bajar de seis a cuatro años. Finalmente, estos consensos eran lo que ya estaban listos”, acotó.
Respecto a las protestas y el pedido del gremio de transportistas para derogar la ley, Muñante insistió en que la “calle está llena de desinformación”, Recordó que el Congreso aprueba leyes a favor de la lucha contra la criminalidad.
“Así como se plantea y se difunde cosas malas también se debe difundir cosas buenas para que la población saque mejores conclusiones”, dijo tras precisar que hoy la comisión de Justicia sesionará para revisar los aportes de lo congresistas sobre la ley que crea el delito de terrorismo urbano.
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