Minjus anuncia que cuentan con 1,300 defensores públicos para participar en allanamientos

Tras una serie de ideas y vueltas y la elaboración de hasta tres textos sustitutorios diferentes, el Pleno del Congreso aprobó la semana pasada los cambios a la ley N° 32108, que modifica la definición del crimen organizado, así como el dictamen que crea el delito de “criminalidad sistemática”, antes conocido como “terrorismo urbano”.

Esto, luego de que la discusión en torno a estos dos temas se estancara al no lograrse un consenso entre las bancadas, pese a las protestas que realizaron el gremio de transportistas.

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Uno de los principales cambios que trae esta norma es que el registro e incautación del inmueble de un investigado se llevará a cabo con o sin la presencia de este ciudadano y con la presencia obligatoria de un abogado de la defensa pública, el mismo que deberá estar presente desde el inicio de la ejecución de la medida bajo responsabilidad funcional.

Al respecto, el director general de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, Walter Ramírez, recordó que su organismo cuenta con 2,100 abogados a nivel nacional, de los cuáles, precisó que 1,300 son especializados en defensa penal y están aptos para participar en las diligencias de allanamientos fiscales, tal como se exige en la ley aprobada en el Congreso.

A su juicio, los 1,300 defensores públicos es un número y/o cantidad suficiente para atender las demandas de las fiscalías, siempre y cuando se realicen las coordinaciones previas .

“Lo que estamos haciendo ahora es coordinar con el Ministerio Público la dotación de defensores públicos que van a necesitar en las diligencias de allanamiento”, dijo a RPP.

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Explicó que en el requerimiento que se envíe a su despacho el fiscal tiene que precisar, entre otras cosas, el número de defensores públicos que se necesitaría para realizar el allanamiento, entre otras cosas.

Defensores participaron en 74 allanamientos

En otro momento, Ramírez aseguró que, desde la publicación de la ley que modifica la definición del crimen organizado, la defensa pública ha participado en 74 allanamientos y que ninguno de ellos se ha frustrado por ausencia del abogado. “Todos se han llevado a cabo”, acotó.

En ese sentido, insistió en que el trabajo coordinado entre las instituciones implicadas en los procesos de la justicia permitirá el éxito de los operativos de allanamiento que realicen la Fiscalía y la PNP.

“Es una realidad de que existe un mayor número de fiscales y de jueces, pero lo que siempre he comentado es que lo importante aquí es la coordinación previa, tanto con la Policía como con la Fiscalía”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario del Minjus informó que su despacho ha dado instrucciones a los 34 directores distritales de defensa pública del país para que se coordine con la finalidad de que las diligencias tengan éxito.

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