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El ministro de Justicia, José Tello, se pronunció respecto al pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que el Gobierno de Dina Boluarte responda sobre un presunto uso excesivo de la fuerza durante las protestas.
El miembro del gabinete ministerial explicó que el documento con este pedido que se le envió al Gobierno peruano, firmado por ocho relatores del organismo internacional, no tiene un carácter vinculante con la ONU.
“No es un pronunciamiento de Naciones Unidas, ni del alto comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos ni tampoco del Consejo de Derechos Humanos. Son las opiniones de expertos, de especialistas que han hecho algunas observaciones (…) No es una posición de la ONU. No tienen ningún carácter vinculante con Naciones Unidas”, declaró para la prensa.
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En ese sentido, Tello Alfaro señaló que lo que van a responder en su informe va a corresponder con la realidad, pues aseguró que son un Estado que respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos, pese a las denuncias por abuso de las fuerzas del orden.
“Lo que se va a responder condice con la realidad, con lo que tenemos nosotros de información porque nosotros somos un Estado que respeta los derechos fundamentales y es un Estado garantista de los mismos. Vamos a responder y vamos a hacer las precisiones que haya que hacer. No vamos a dejar de dar las respuestas que correspondan”, sostuvo.
¿Qué dice el informe de la ONU?
En el mencionado informe, los relatores de la ONU indican que tienen datos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias de manifestantes, así como violaciones a los derechos humanos de personas indígenas.
“Se recibió información de que los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes y defensores de derechos humanos; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”, se lee en el documento.
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También mencionan el allanamiento a la Universidad de San Marcos, además de las intervenciones y detenciones sin la presencia de fiscales o abogados, a lo que añaden también la agresión contra periodistas y el uso del “terruqueo”.
“Las organizaciones de sociedad civil indican que se habría observado el uso de distintas estrategias por parte del Estado para disuadir la protesta pacífica, por ejemplo, a través del uso desmedido de gases lacrimógenos, sobrepresencia de personal policial y militar y agresiones”, reiteran.
