Durante su presentación en el Congreso de la República, junto a los ministros de Estado para sustentar el pedido de delegación de facultades legislativas, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana señaló que las iniciativas que se plantean desde su sector buscar combatir el crimen organizado.
En la sesión de la Comisión de Constitución, el ministro Arana dio detalles del portafolio legislativo, promovidos por su cartera, enfocados en política criminológica, reducción de costos de transacción, inversión privada y defensa nacional.
La primera medida plantea reforzar la prohibición del uso de celulares e internet en los establecimientos penitenciarios, mediante un decreto legislativo que regule las obligaciones y sanciones a las empresas de telecomunicaciones, en el marco de la prohibición de comunicaciones ilegales al interior de los penales y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.
El ministro refirió que esta iniciativa permitirá disminuir la operatividad de bandas y organizaciones criminales desde y hacia los penales, y el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria en salvaguarda de la seguridad pública.
“Se busca reforzar la legislación contra el crimen organizado mediante un DL que modifique la Ley N.° 30077 para regular las diferentes manifestaciones de la criminalidad, ampliando sus alcances al delito de banda criminal e incorporando agravantes especiales”, puntualizó.
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Otras iniciativas del Minjus
En relación al sistema penitenciario, señaló que debe ser reforzado mediante la modificación del Decreto Legislativo N.° 1328 para que la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) esté a cargo de una jefatura y no de un Consejo Directivo. “Esto con el fin de que se pueda adoptar y ejecutar decisiones de forma célere”, explicó.
Una segunda propuesta busca reforzar la legislación contra el crimen organizado, mediante la actualización de la Ley 30077, que presenta vacíos que dificultan su persecución. Arana Ysa anotó que se regulará las manifestaciones de la criminalidad organizada, precisando criterios de autoría y participación, y se ampliará sus alcances al delito de banda criminal e incorporará agravantes especiales. La medida contribuirá también a mejorar la investigación y elevar el reproche penal contra estas organizaciones.
Una tercera propuesta se orienta a fortalecer el sistema penitenciario, con la modificación del Decreto Legislativo 1328, que establece que el máximo órgano del INPE es un Consejo Directivo multidisciplinario de seis miembros que, a siete años de su emisión, no se ha implementado. El ministro enfatizó que el INPE requiere una autoridad que pueda adoptar decisiones y ejecutarlas de forma inmediata, lo que dará mayor celeridad a la conducción y toma de decisiones.
La cuarta iniciativa plantea la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas para proteger el orden interno. En la actualidad, el Decreto Legislativo 1095 no regula de forma adecuada los ámbitos y supuestos que, constitucional y legalmente, justifican dicha intervención, por lo que se requiere precisar cuándo la capacidad de la Policía Nacional en el control del orden interno ha sido sobrepasada, a efectos de habilitar este apoyo excepcional.
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