Panorama reveló ayer un nuevo caso de ‘Gasolinazo’ en el Ejército. En esta oportunidad, se habría llevado a cabo en Cuartel General del dicha institución, más conocido como Pentagonito, ubicado en San Borja.
En la denuncia se difundieron videos en los que se captaba al comandante del Ejército, Jimmy Grandez, robando gasolina del Estado y trasladándola a un vehículo privado.
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Al respecto, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, informó que representantes del Ministerio Público ingresaron hoy a las instalaciones del Cuartel General del Ejército para hacer las investigaciones respectivas y, además, se cumplirá la tramitología que corresponda para tomar acciones contra los presuntos malos elementos.
En ese sentido, aseveró que no se permitirá que “malos elementos administren recursos del Estado” que deben servir para proteger al país como parte de la lucha frontal contra la corrupción.
“Se ha dispuesto las acciones correspondientes en el marco de la lucha frontal contra la corrupción. No se va a permitir que malos elementos estén administrando recursos del Estado que deben ser para proteger a nuestra nación sean empleados de manera inadecuada”, dijo en conferencia de prensa, tras precisar que la institución castrense se ha puesto a disposición del Ministerio Público.
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Ejército inicia investigación
Tras conocerse esta denuncia, el Ejército anunció en el comunicado que ha dispuesto el inicio de una serie de investigaciones encargadas a la Inspectoría de la institución castrense, a fin de dar con los responsables, de existir más implicados.
“El Comando del Ejército ha dispuesto que se inicie una investigación a través del Sistema de Inspectoría, a fin de determinar a los responsables, quienes serán sancionados de acuerdo al Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y de ser el caso, poner en conocimiento de la Fiscalía correspondiente”, se lee en el comunicado.
Además, informaron que “el comandante del batallón ha sido relevado de su puesto”, en referencia a Grandez.
“El Ejército rechaza categóricamente todo tipo de actos de corrupción, estableciendo medidas drásticas contra aquellos que lo cometan y se compromete a mantener su firme política de respeto irrestricto a las leyes y normas emanadas de nuestra Carta Magna”, se lee en el texto.
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