A la fecha, 35 agrupaciones políticas están habilitadas para postular a las próximas elecciones presidenciales del 2026. Sin embargo, hay alrededor de 25 esperando la aprobación respectiva que se sumarían. Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) mostró su preocupación por sus eventuales consecuencias y planteó tres propuestas para modificar el sistema electoral que limitarían el número de postulantes calificados.
Ahora bien, ¿cuál es el lado B de tener tantos candidatos a la Presidencia?
A modo general, Roberto de la Torre, presidente de la CCL, sugirió modificar la Ley Electoral, elevando la valla de participación de afiliados en las elecciones internas de los partidos, dejar sin efecto la exigencia de requerir el 1% adicional de votos a las organizaciones políticas que formen alianzas electorales y rechazar la habilitación de personas con sentencias por delitos de corrupción.
Las propuestas a detalle
- Elevar la valla del 10% al 25% de participación de afiliados en las elecciones internas para validar las agrupaciones
De la Torre explicó que, al elevar la valla de participación en sus procesos interinos, habrá mayor legitimidad para las elecciones de candidatos o de delegados. A su vez, también “obligaría a los partidos a que los militantes participen, pues de lo contrario no tendrían el derecho de presentarse a las elecciones”.
“Quizá muchos no logren que ese 25% de afiliados asista a sus elecciones internas, así podríamos hacer que disminuya la cantidad de partidos que se presenten”, apuntó.
- Dejar sin efecto la exigencia de requerir el 1% adicional de votos a las organizaciones políticas que formen alianzas electorales
“Si tú haces una alianza, te agregan como requisito un 1% [de votos] por cada partido adicional que se va adhiriendo a esa alianza. Lo que planteamos es dejar sin efecto esa exigencia para que los partidos puedan juntarse”.
Y es que, si varios partidos se juntan, por ejemplo un total de nueve, se podría requerir hasta un 9%, lo cual sería difícil cumplir y perderían la inscripción. “Pero si se quita esa exigencia, tendrían la posibilidad de aliarse libremente”, explica el líder gremial.
Para, Juan Carlos Lara, abogado especialista en comunicación política, esta medida es acertada porque “los partidos más pequeños podrán tener una mayor participación electoral, ya que la actual atomización partidaria solo beneficia a los grandes partidos políticos que no realizarán alianzas ni postularán de forma individual”.
- Se rechaza la habilitación de personas con sentencias por delitos de corrupción para postular a la Presidencia de la República
El 12 de agosto, se presentó una propuesta legislativa que impide a los ciudadanos que tengan una sentencia por diferentes delitos postular a cargos de elección popular. Sin embargo, eliminaron los cargos de organización criminal, corrupción, lavado de activos y violación sexual. La iniciativa está en la Comisión de Constitución y Reglamento.
“Es fundamental porque estaríamos devolviendo la integridad y desterraríamos la corrupción en la política. Deberíamos buscar gente que no tenga un pasado delictivo para la representación en el Congreso y para la Presidencia”, mencionó Roberto de la Torre.
Como se sabe, en la política peruana figuran líderes de partidos políticos que son investigados por delitos de corrupción como Vladimir Cerrón (Perú Libre), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y José Luna Gálvez (Podemos Perú).
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Cabe recordar que, en las elecciones del 2021, se tuvieron 12 candidatos presidenciales. En este contexto, Pedro Castillo pasó a segunda vuelta con 19%, junto a Keiko Fujimori (13.3%).
Ahora, se tiene a más de 30 partidos habilitados para las elecciones del 2026 y se estima que la representatividad será mucho menor. “El objetivo es que los candidatos tengan mayor legitimidad y representatividad. Si se disminuyen las opciones y se juntan los partidos políticos, será mejor”, subrayó el vocero de la CCL.
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Sanción financiera a partidos
Si un congresista, gobernador o alcalde incurre en una falta ética, es acusado o sentenciado. Pero no debería sancionarse solo a esta figura, sino también al partido político que lo avala, pues esta organización es la lo llevó al poder, explicó Lara.
“Puede ser una sanción a los partidos políticos, incluso, hasta financiera, recortando sus recursos que vienen del presupuesto público. Cortando por donde más les duele. Está el reciente caso de Freddy Díaz, excongresista que fue sentenciado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de una trabajadora. El partido que lo llevó al poder fue Alianza Para el Progreso y no hay sanción para el partido. Él no fue puesto en ese cargo por democracia interna, sino por elección de la cúpula partidaria”, mencionó.
Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.
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