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El Congreso rechazó revisar la decisión de archivar una denuncia constitucional presentada contra el expresidente Manuel Merino y dos de sus ministros por la muerte de dos manifestantes en las protestas que forzaron su renuncia en noviembre de 2020, tan solo cinco días después de ocupar al cargo.
La decisión fue tomada este lunes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que emitió seis votos a favor y seis en contra de un pedido de reconsideración presentado por el legislador izquierdista Reymundo Mercado.
La subcomisión archivó el pasado 17 de junio la denuncia presentada por la Fiscalía contra Merino, su ex primer ministro Ántero Flores y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la muerte de los jóvenes manifestantes Inti Sotelo y Bryan Pintado.
El informe que recomendó esa medida fue elaborado por el congresista Alejandro Cavero, del partido derechista Avanza País, y recibió siete votos a favor, siete en contra y una abstención.
Sin embargo, fue aprobado finalmente con el voto dirimente de la presidenta de la subcomisión, Rosío Torres, del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP), quien luego anunció que se iba a debatir la reconsideración presentada por Mercado.
La decisión del grupo legislativo generó el inmediato rechazo de organizaciones civiles nacionales e internacionales, de algunos medios locales y de los familiares de los fallecidos, que consideran que “blindó” a Merino e incentivó la impunidad.
En octubre pasado, la entonces fiscal de la Nación (general), Zoraida Ávalos, había presentado una acusación constitucional contra los tres acusados como presuntos autores, por omisión impropia, de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves, en el contexto de grave violaciones a los derechos humanos.
Tras conocer que esa denuncia había sido enviada al archivo, el adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, anunció que el organismo evaluaría con los familiares de las víctimas la posibilidad de acudir a instancias internacionales.
Amnistía Internacional (AI) también había pedido el pasado 10 de junio al Congreso que permitiera “sin más dilaciones” la investigación fiscal contra Merino por la represión policial ejercida durante las manifestaciones, que además de las dos muertes, dejó gravemente heridos a otros manifestantes y causó lesiones a periodistas.
Merino, quien era presidente del Congreso, ocupó durante cinco días la Presidencia de Perú tras la destitución de Martín Vizcarra (2018-2020) por la oposición Legislativa, liderada por el fujimorismo, que lo acusó de una presunta incapacidad moral.
Tras la salida de Merino del cargo, en medio de multitudinarias protestas ciudadanas, el Congreso designó al también legislador Francisco Sagasti, de tendencia liberal, para presidir un Gobierno de transición que convocó a elecciones generales y transfirió el poder en julio del año pasado al izquierdista Pedro Castillo.