A través de un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos anunció esta tarde que presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 32108 que, entre otras cosas, modifica la tipicidad del crimen organizado y dispone que los allanamientos se realicen con presencia del investigado y de su abogado.
La norma en mención, promulgada por el Congreso de la República el pasado 9 de agosto, modifica el Código Penal, el Decreto Legislativo 635; la Ley N°30077 contra el crimen organizado y la Ley N° 27379 de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.
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“Rechazar la norma por ser inconstitucional ya que contradice flagrantemente lo que dispone la Convención de Palermo (ratificada por el Perú), en la cual no establece ningún requisito referido a la obtención de una cadena de valor de una economía o mercado ilegal, como sí lo regula arbitrariamente la ley cuestionada; considerando que este convenio de carácter internacional se construyó como una forma de lucha global contra fenómenos criminales a gran escala”, se lee en el texto.
Para el Ministerio Público, la ley en mención reduce el margen de comprensión del tipo penal de organización criminal, al señalar que esta requiere “compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, así como delitos graves sancionados con pena privativa de la libertad mayor de seis años”.
“Esto debilita la persecución penal pública de graves delitos en el marco de una organización criminal; generando un grave retroceso en los estándares alcanzados respecto a las investigaciones en curso e, incluso, en los casos que se encuentran con sentencias condenatorias”, añadieron.
Además, precisaron que no se puede pretender señalar que la única y exclusiva finalidad de una organización criminal tendría que ser de corte empresarial, tal como estipula la norma.
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“Dicha restricción desconoce totalmente la realidad delictiva de nuestro país; pues, en principio, históricamente las organizaciones criminales, la corrupción y la violencia siempre estuvieron íntimamente relacionadas, tanto al interior de la organización (para mantener la estructura y funcionamiento) como fuera de la organización (disputas por la hegemonía de poder y territorio)”, aseveraron.
Norma abre camino a la impunidad
A través de un comunicado, el gremio empresarial advirtió que en tanto no se corrija la norma los jueces tendrían la atribución constitucional de aplicar el control difuso. Es decir, durante un proceso judicial, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal los jueces optarán por la primera, inaplicando según sea el caso, la norma promulgada.
Para la CCL, la referida norma abre un camino a la impunidad donde la delincuencia organizada, al ser una problemática trasnacional, atenta contra el crecimiento económico del país.
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