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La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato informó que la empresa Aenza inició hoy el pago de los más de S/ 480 millones que deberá abonar al Estado, por la reparación civil fijada en su acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana.
Con el pago de la primera cuota de cerca de S/ 15 millones, la empresa inició al cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales establecidas en el acuerdo que firmó con el Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc.
El dinero fue depositado en las cuentas en soles y dólares de la Procuraduría General del Estado. Los montos ascienden a S/ 10′319,607.68 y US$ 1′221,735.93, señaló a través de un comunicado.
Precisamente Gestión informó el 12 de diciembres que el holding de origen peruano Aenza (ex Graña y Montero) comunicó a través de un Hecho de Importancia a la SMV que fueron notificados con Resolución No.18, 22 de noviembre de 2023, de que se aprobó el Acuerdo Final de Colaboración y Beneficios, suscrito el 15 de septiembre de 2022, entre Aenza S.A.A. y sus subsidiarias Cumbra Perú S.A. y Unna Transportes S.A.C., y la Procuraduría Pública Ad Hoc y el Ministerio Público.
Dicha resolución fue emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante la cual se declaró consentida la Resolución N° 8 del 11 de agosto del 2023, por la cual se aprobó el acuerdo de colaboración. Es decir, en el plazo para presentar quejas o aclaraciones, ninguna de las partes mostró inconformidad. De esta manera, con la notificación de la resolución a Aenza, entra en vigor el Acuerdo de Colaboración.
Aenza deberá pagar en total una reparación civil de S/ 333′326,423.60 y US$ 40′724,531.00 (más de S/ 480 millones). La cifra incluye intereses legales y será pagada en 12 años.
Estos montos se suman a los más de S/ 830 millones por desistimientos en arbitrajes nacionales e internacionales, promovidos por la Procuraduría Ad Hoc y el Equipo Especial “Lava Jato”, detalló la Procuraduría Ad Hoc.
Sobre el acuerdo de colaboración
El pasado 21 de agosto, el Poder Judicial aprobó el acuerdo donde la Aenza reconoce que cometió delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran la Vía Expresa Sur de Lima, Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3.
Asimismo, Aenza tiene la obligación de brindar información y pruebas relevantes a la justicia sobre las obras que forman parte del convenio y son reconocidas como ilícitas.
Por tal motivo, la empresa deberá desembolsar una reparación civil de casi S/ 480 millones por los 16 proyectos en mención, según señaló Silvana Carrión, procuradora pública Ad Hoc del caso Lava Jato.
Fideicomiso y renuncia a arbitrajes
El acuerdo establece la creación de un fideicomiso para garantizar las 12 cuotas de la reparación civil. También incluye una cláusula que prohíbe a la empresa iniciar procesos arbitrales contra el Estado, por los proyectos del acuerdo.
En el marco de las negociaciones para el convenio, la Procuraduría Ad Hoc logró que AENZA y la Municipalidad de Lima suscriban un acuerdo para la terminación anticipada del contrato de concesión de la Vía Expresa Sur. Asimismo, logró que la empresa se desista de dos arbitrajes entablados contra el Gobierno Regional del Cusco, con lo cual se evitó que el Estado desembolse más de S/130 millones.
Estas acciones se suman al desistimiento de la compañía para interponer un arbitraje ante el CIADI por el Gasoducto Sur Peruano, por un monto equivalente a S/ 700 millones de soles (US$ 250 millones).
Cabe indicar que estos pagos serán adicionales a los casi S/ 60 millones que sus exdirectivos, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, vienen pagando al Estado por las reparaciones civiles fijadas en sus respectivos acuerdos de colaboración eficaz.
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