La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, acudió al Tribunal Constitucional (TC) en busca de archivar el proceso judicial que se le sigue por el Caso Cócteles.
Lo hace a través de un recurso de habeas corpus, el mismo que fue entregado el pasado 2 de julio según se aprecia en el sello de recepción del documento, informó RPP.
La excandidata presidencial pidió al TC anular las imputaciones en su contra, así como la acusación, el auto de enjuiciamiento y todo lo actuado hasta la fecha, en el proceso por el presunto delito de lavado de activos, crimen organizado y otros, por la recepción de presunto dinero ilegal de la empresa Odebrecht y empresarios nacionales.
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El recurso es contra el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien estuvo a cargo del control de la investigación preparatoria y quien declaró procedente el juicio oral en su contra.
En tanto, El Comercio recordó que antes de llegar al Tribunal Constitucional, el habeas corpus había sido interpuesto por Keiko Fujimori Higuchi y su defensa ante el Poder Judicial (PJ) en febrero del 2024.
Sin embargo, en primera instancia, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima declaró infundado el recurso argumentando que lo que se pedía era una revisión de los actuados vinculados a los cargos imputados, situación para la que estaba solo facultado el juez en sede penal, más no constitucional.
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La apelación de la demanda también fue rechazada en segunda instancia, en mayo del 2024 por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que además de coincidir con el juzgado de primera instancia, señaló que no se podía concluir la afectación de derechos fundamentales vinculados a un habeas corpus.
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Según los escritos, en setiembre del 2022 interpusieron un recurso de improcedencia de acción por lavado de activos y un mes después, por organización criminal. Es decir, en ambos casos cuestionaban que el hecho denunciado por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato no constituían delito o no era justiciable penalmente.
Sin embargo, el juez Víctor Zúñiga declaró infundada ambas pretensiones y el 30 de noviembre del 2023 emitió el auto de enjuiciamiento en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y otros.
Caso Cocteles
La tesis del Ministerio Público sostiene que la hija del expresidente Alberto Fujimori habría creado una organización criminal dentro de su partido para ocultar el origen de los fondos que la agrupación política recibió para las campañas electorales de 2011 y 2016.
La Fiscalía le imputa cuatro delitos en particular a Fujimori: pertenencia a una organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia agravado y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En ese sentido, ratificó en el juicio oral el pedido de 30 años y 10 meses de prisión efectiva en su contra, así como una inhabilitación de 15 años y 5 meses y el pago de 730 días multa.