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La Justicia de Estados Unidos decidió este martes que el expresidente Alejandro Toledo (del 2001- 2006), acusado en su país de corrupción, puede ser extraditado, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida.
Con el visto bueno de la Justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de dos años.
“El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”, escribió en su resolución -a la que tuvo acceso Efe- el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco.
El tratado de extradición entre ambos países que ha examinado el juez y en virtud del cual se puede proceder con la entrega de Toledo a las autoridades peruanas se firmó el 26 de julio de 2001, justo dos días antes de que Toledo accediera a la Presidencia de Perú.
Toledo fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de COVID-19.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el expresidente de 75 años habría recibido hasta US$ 35 millones de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios, cuando aún era jefe del Gobierno.
La decisión del magistrado llega solo cuatro días después de que el pasado viernes se celebrara la vista de extradición, en la que la defensa del exmandatario pidió que se desestimara el caso en base a las aparentes contradicciones e inconsistencias de los dos principales testigos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.
El juicio de extradición, inicialmente previsto para principios de este año, fue pospuesto varias veces siempre a petición de la defensa, que de forma repetida solicitó más tiempo para revisar y traducir los documentos enviados por Perú.
