Jueces de la Corte Suprema solicitaron “con carácter de urgencia” la convocatoria a una Sala Plena Extraordinaria para analizar las consecuencias en la independencia del sistema judicial de los diversos proyectos de ley presentados por el Congreso. El pedido se formuló al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.
“El punto de agenda a tratarse en dicha sesión será el análisis de los alcances de los proyectos de leyes presentados en el Congreso de la República, que tienen incidencia en las funciones jurisdiccionales propias del Poder Judicial por su posible afectación a la independencia judicial y al sistema de la administración de justicia”, señala el oficio firmado por 10 magistrados.
Asociación de Jueces también cuestionó al Congreso
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) pidió a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que emita un pronunciamiento en defensa de la independencia judicial y rechazando los diversos proyectos de ley aprobados por el Congreso de la República.
A través de un comunicado, el gremio de magistrados solicitó al titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, que interponga demandas de inconstitucionalidad contra algunas leyes que vienen siendo cuestionadas.
La JUSDEM cuestionó que el Parlamento busque aprobar la ley que modifica la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal, estableciendo que es falta muy grave el dictado de detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria si fueran revocadas, extendiéndose las sanciones a los fiscales.
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“Pretende agravarse el delito de prevaricato por dicho motivo con pena privativa de libertad de 10 a 15 años e inhabilitación, criminalizando el criterio jurisdiccional y violando el principio de independencia judicial previsto por el artículo 139.2 de la Constitución”, advirtieron los jueces.
Cuestionan normas que prohíben medidas cautelares
En otro extremo del comunicado, la JUSDEM recordó que el Congreso ha votado trece proyectos de ley para modificar el Código Procesal Constitucional, prohibiendo las medidas cautelares y actuaciones inmediatas del fallo cuando este sea demandado.
A juicio del gremio, se está “creando una zona exenta de control, además de modificar la regla de votación de los procesos competenciales, variando el quórum de 5 a 4 votos para favorecerse como demandante”.
“También buscan obligar a los jueces a aplicar solo las sentencias de la Corte IDH en las que el Perú haya sido parte, restringiendo el efecto de la res iudicata y res interpretata, afectándose los derechos colectivos y difusos de comunidades campesinas y nativas, grupos LGTB entre otros”, alertaron
Finalmente, el gremio advirtió que el Parlamento pretende prohibir la facultad de control difuso de los jueces, que data de la sentencia Marbury vs. Madison de 1803, que permite a los jueces hacer prevalecer la Constitución frente a leyes inconstitucionales, conforme a su artículo 138 y en aplicación del principio de separación de poderes.
“Sin esta cláusula pétrea el Poder Judicial sometido, deja de ser un poder”, concluyó el texto.
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