El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria examinó el último lunes, la solicitud del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien se encuentra prófugo, para cambiar la prisión preventiva de 36 meses que se le impuso en relación con el Caso Puente Tarata.
Jorge Castro Castro, abogado del exfuncionario, argumentó su solicitud señalando que el Ministerio Público emitió una disposición fiscal de aclaración, indicando que, a partir de los elementos de convicción, no hay suficientes evidencias de que se haya cometido el delito de lavado de activos.
Detalló que su defendido denunció al comité de Provías ante la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la licitación el 30 de noviembre de 2021, negando en todo momento haber recibido un soborno de 100,000 dólares.
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“Si no hay lavado de activos, no hay colusión y no hay asociación criminal, considera la defensa técnica que se ha superado la sospecha de que mi cliente hubiera recibido alguna dádiva o algún acto de colusión, cuando en realidad él es el denunciante por este caso”, acotó.
Por su parte, la fiscalía desestimó este argumento, destacando que el abogado de Silva Villegas nunca mencionó estos nuevos elementos de convicción en audiencias anteriores, y mucho menos los detalles de la investigación posterior.
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“Eso no tiene asidero, no guarda relación con la realidad y eso lo podemos con los propios documentos que ha adjuntado la defensa de Silva al momento de solicitar esta variación”, refirió la fiscal Galinka Meza Salas.