La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la apelación interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez.
La decisión revoca una resolución anterior del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, emitida el pasado 20 de marzo, que inicialmente había rechazado imponer esta medida.
Al respecto, su abogado Carlos Caro rechazó la medida, tras señalar que Santiváñez Antúnez nunca se negó a participar de las diligencias.
Sostuvo, en el programa Cuantas Claras de Canal N, que su patrocinado no cuenta con oficinas en el exterior, tal como sostiene la Fiscalía, y no ejerce la abogacía, pues ahora labora como asesor en la PCM. “El argumento de que tiene oficinas (en el exterior) y flujo migratorio no es un argumento para indicar que se puede fugar”, apuntó.
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Fiscalía tiene plazo hasta 22 de setiembre para investigarlo
Carlos Caro además indicó que la Fiscalía solo tiene plazo hasta el 22 de setiembre para investigarlo y presentar la acusación.
“Este caso va a terminar el 22 de septiembre. ¿Cómo la fiscalía puede pedir 18 meses de impedimento de salida? Después del 22 de septiembre no va a poder hacer nada. ese es el plazo máximo para casos complejos. O hace la denuncia constitucional o la archiva. El Poder Judicial no ha tomado en cuenta esto porque en apelación no se discutió el tema de los plazos", añadió Caro.
¿En qué caso dictó el impedimento de salida?
En este caso, Juan José Santiváñez, es investigado por presunto tráfico de influencia agravado porque, supuestamente, habría intervenido en su calidad de abogado y luego como ministro del Interior para lograr la excarcelación de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, expolicía a quien le brindó asesoría para anular su condena ante el TC.
Según el testimonio de un colaborador eficaz ante el Ministerio Público, cuando era abogado de Marcelo Salirrosas, el actual jefe de una oficina del Despacho Presidencial de Dina Boluarte pidió pagos de sus honorarios y adicionalmente unos US$ 20 mil para “asesores externos” que lograrían los votos en el tribunal.
Cuando este intento por parte de Santivañez no dio frutos, y cuando ya ocupaba el cargo de ministro del Interior, Santiváñez buscó influir en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para mejorar las condiciones carcelarias del condenado, según la teoría fiscal.
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La resolución de la Corte Suprema se da en un contexto en el que el Ministerio Público busca esclarecer las responsabilidades de Santiváñez durante su paso por el Ministerio del Interior. Esta medida también permite asegurar su presencia en el país mientras se realizan las diligencias correspondientes y se define si existen elementos suficientes para una eventual acusación formal.