La ley que modifica la definición del crimen organizado y, entre otras cosas, obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado, sigue generando repercusiones.
Esta mañana, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso e insistió que la norma en mención si afecta la labor que vienen realizando los fiscales, debido a que ha ocasionado demoras en la ejecución de las operativos y allanamientos.
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“Lo mencionamos desde un inicio, si afecta. Los allanamientos tienen que ser sorpresivos y con esta medida sí se está afectando (la labor fiscal). Ustedes han visto imágenes sobre allanamientos realizados”, indicó tras recordar varios casos reportados por los medios de comunicación.
En ese sentido, cuestionó el hecho de que para llevar adelante los allanamientos se exija la presencia del abogado del involucrado o un defensor público. Añadió que estos últimos solo trabajan hasta las 4:00 p.m., por lo que consideró que es un limitante para sus labores.
“Los allanamientos que tienen que ser sorpresivos. Normalmente, como ustedes han observado, estos se hacen en la madrugada, o en la noche o en horas que sean sorpresivas. Entonces, eso dificulta”, manifestó.
Villena respaldó la postura emitida por el legislador Edgar Reymundo, quien se mostró a favor de derogar la ley.
“Sin duda, como bien lo ha dicho el congresista, si hay que rectificar un error, deberíamos hacerlo todos en general”, acotó.
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Peritaje a través de un pedido judicial
En otro momento, Villena ratificó que su institución ya cuenta con la matriz del audio entregado por el capitán PNP, Junior Izquierdo, alias ‘culebra’, que contiene las conversaciones que sostuvo con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
En dichas conversaciones, el titular del Interior no solo habría indicado a su interlocutor que la presidenta Dina Boluarte le habría dado la orden para cerrar la Diviac para nombrarlo en el cargo, sino que también habría mencionado un presunto favorecimiento para que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, permanezca prófugo de la justicia.
“Esperamos que pronto podamos tener ese resultado del peritaje”, acotó tras precisar que se formuló un requerimiento ante el Poder Judicial para efectuar el peritaje a fin de evitar que sea objeto de pedidos de anulación.
Finalmente, el fiscal de la Nación interino se pronunció por las críticas del Ejecutivo y varios legisladores respecto a la liberación de detenidos en flagrancia por casos vinculados a extorsión y sicariato, que viene afectando la seguridad ciudadana.
A su juicio, un grupo de normas dictadas por algunas instituciones, como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, impide que todos los casos puedan ser sancionados con prisión preventiva, tal como demanda la población. No obstante, planteó una mesa de trabajo para corregir esta situación.
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