Jorge Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), renunció a su derecho de antejuicio ante la denuncia constitucional en su contra por presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.
“He tomado conocimiento del comunicado publicado por la Fiscalía de la Nación el 22 de marzo pasado. En el mismo, la Fiscalía confirma haber solicitado al Congreso autorización para investigarme por supuestas influencias ejercidas a favor de un profesional que dejó de laborar en mi despacho en una Sala de la Corte Suprema”, señaló en su comunicado.
En esa misma línea, negó haber ejercido alguna influencia para conseguir algo indebido o ilícito. “Me limité a las referencias laborales que hice sobre la competencia y disponibilidad de ese profesional”, anotó.
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“En aras de ratificar mi absoluto respeto a las instituciones del sistema de justicia, renuncio formalmente a mi derecho al antejuicio en esta causa”, manifestó tras precisar que su decisión será formalizada este lunes ante las autoridades pertinentes.
Finalmente, Salas señaló que confía en la independencia de los tribunales de justicia y ejercerá su derecho a defenderse de las acusaciones de Walter Ríos.
¿De qué se le denuncia a Jorge Salas Arenas?
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó el sábado 23 una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
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Detalló que la denuncia contra Salas Arenas es por su actuación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, a efecto de lograr que Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, contrate a su exasesor Pavel Vladimir Cárdenas Peña.
La Fiscalía de la Nación recordó que los hechos materia de denuncia constitucional habrían ocurrido a finales del año 2017, y fueron denunciados por Walter Benigno Ríos Montalvo en el mes de diciembre de 2019.
“La investigación fue complementada con información recibida en enero de 2024, procedente del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales de Cuellos Blancos del Puerto”, indicó la institución.
“Además del informe de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, de fines de febrero del presente año, con lo cual se ha emitido la referida denuncia constitucional”, refirió.
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