Números que preocupan. El último informe de la Defensoría del Pueblo del mes de octubre revela que hay 84 conflictos sociales que implican a empresas mineras.
De ellos, 63 son conflictos activos, es decir, que hasta el momento no se ha logrado encontrar una solución a los reclamos de la población.
Entre ellos se encuentran los casos Antamina, Las Bambas, Hudbay, Perugia, Anabi y Apumayo.
¿Cuáles son las razones más comunes para que se generen estas controversias?
De acuerdo al informe de la Defensoría son cuatro principalmente: ausencia y falta de comunicación del Ejecutivo; incumplimiento de compromisos por parte de las compañías; uso inadecuado de los terrenos, y contaminación del agua que es usada por las comunidades.
Precisamente, este último punto fue usado como argumento por la Presidencia del Consejo de Ministros el último sábado para el cierre de cuatro mineras en Ayacucho.
Regiones más complicadas
Según la Defensoría, además de los departamentos de Cusco y Apurímac, que comprenden el corredor minero, el departamento de Áncash tiene el mayor número de conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera, con 12 casos.
Le siguen Cajamarca, con 8 casos; Pasco, con 7 casos, y Lima Provincias, con otros 7 casos. En la página 10 del informe, también se da cuenta de 11 alertas tempranas a las que debería estar atento el Poder Ejecutivo.
Se trata de hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de un conflicto. Todas están vinculadas al sector minero (ver tabla).
Caso Las Bambas
Comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, bloquearon nuevamente el corredor minero del sur, quienes retomaron su protesta contra la minera Las Bambas tras no avanzar en los acuerdos previos.
De acuerdo al portal Ojo Público, la medida se debe a que a que el último viernes, en una reunión desarrollada en Hatun Ccollana, la empresa no presentó su propuesta económica para el plan de desarrollo de cada comunidad.
La empresa solicito el plan de desarrollo de cada comunidad con el fin de evaluar los futuros aportes a las mismas
Las comunidades requirieron la presencia de la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, los ministros del Ambiente y Energía y Minas, junto a representantes de la minera.