Mientras que en Lima, el Ejecutivo exhorta al diálogo tras conocerse el sí del Consejo de Nacional de Minería a la licencia de construcción del proyecto Tía María; en Islay, el Gobierno Regional de Arequipa prepara tres posibles recursos para decirle no a Southern.
Según el abogado Walter Paz, asesor de dicho gobierno regional, las medidas legales se definirán después del proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“Tenemos varias vías: la administrativa y la judicial. En esta última con una acción de amparo o medida cautelar. Vamos a revisar las acciones después de la evaluación”, señaló Paz en una rueda de prensa.
Emplazamiento
Durante la conferencia, además, se leyó el oficio que ayer se envió a Southern, en el que se le pide la devolución del predio que el Gobierno Regional de Arequipa le otorgó en servidumbre y donde se debería de construir Tía María.
Dicho terreno se entregó a la compañía el 4 de agosto del 2017, cuando el gobierno regional era encabezado por Yamila Osorio.
El predio es de 49 mil 532 hectáreas, las cuales se encuentran ubicadas en las pampas Cachendo, en los distritos de Cocachacra y Mejía, en Islay.
En el oficio, se precisa que se le dan diez días hábiles a Southern para que desocupe los terrenos.
Entre los argumentos, esgrimidos para la medida, está que los terrenos donde se construiría Tía María impedirían el paso del gasoducto. Walter Paz indicó que esta superposición está consignada en documentos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Servidumbre en duda
Después que Justiniano Apaza, miembro de la Comisión Permanente, presentara una carta en la que culpa al gobierno regional de facilitar la decisión del CM a favor de la empresa minera, funcionarios de Arequipa detallaron que “no se anuló” la resolución sobre la servidumbre en la Pampa de Cachendo.
“No se devolvió la servidumbre a Southern, se abrió paso a una evaluación a la petición de la empresa. Todos pueden presentar peticiones”, señalaron.
Agregó que la SBN entregó actas provisionales, no definitivas.
“El Consejo de Minería cometió un grave error al sostener que se encuentran vigentes las actas”, mencionó.
En Corto
Medidas ineficientes. La Defensoría del Pueblo se pronunció y señaló que las medidas adoptadas por el Ejecutivo para avanzar el proceso de diálogo son “ineficientes”. Exhortó a emitir cambios positivos con el fin de salvaguardar la seguridad en Islay.
“Le pedimos a la PNP que toda intervención debe hacerse en respeto de los derechos”, suscribió.
