Hace unos días, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adriánzén, sostuvo que el Gobierno no descarta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) asuman el control del orden interno a fin de combatir los altos índices de delincuencia que viene afectando a la ciudadanía. Actualmente, son 14 distritos de Lima declarados en estado de emergencia ante la crecida ola de violencia en las calles.
“Si llega a ser necesario tendremos que evaluar la posibilidad de que esto varíe y sean las Fuerzas Armadas que tomen el control del orden interno (...) es un hecho que no descartamos y que estamos evaluando de la misma manera que estamos evaluando”, precisó Adrianzén.
Ante esto, es importante conocer qué tan viable podría ser esta propuesta, teniendo en cuenta que es la Policía Nacional del Perú (PNP) los encargados para dicho trabajo, ya que el Ejército al tener una instrucción castrense cumple otras funciones.
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El presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, Alfredo Azurín (Somos Perú), discrepó con la iniciativa del premier Adrianzén. Según dijo a Gestión, el problema de la policía es la falta de recursos para combatir al 100% la delincuencia.
“La función principal de la seguridad interna corresponde a la Policía Nacional, que tiene experiencia en el manejo de situaciones de inseguridad urbana, a diferencia del Ejército cuya función es defender la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional del país frente a amenazas externas”, expresó.
“El asunto es que la policía no cuenta con los recursos necesarios para realizar sus funciones y es ahí donde el Ejecutivo tiene que intervenir para reforzar a las fuerzas del orden. No se trata de quitarle facultades, sino de brindarle más apoyo y así poder combatir a la delincuencia”, agregó.
Medida sería equivocada
El legislador sostuvo que si se aprueba dicha propuesta, se estaría cayendo en una equivocación, pues los militares tienen una formación y objetivos orientados a la defensa externa y no al control del orden público o la seguridad ciudadana.
“La policía es quien conoce las calles, la inseguridad urbana y cómo realizar los operativos. De ninguna manera podrían ser las Fuerzas Armadas. Se cometerían errores en intervenciones, allanamientos, control e incluso investigaciones. Por algo, la policía se capacita, lleva cursos en delitos, criminalística, incautaciones, detenciones y otras actividades”, precisó.
Azurín manifestó que en coordinación y trabajo en conjunto podría ayudar a facilitar el trabajo que realiza la policía, pero sin quitarle sus funciones.
“En caso de involucrar a las Fuerzas Armadas, estas deberían actuar bajo la supervisión de la policía para evitar errores y así mejorar la efectividad de los operativos”, sostuvo.
“La participación de las Fuerzas Armadas podría ser beneficiosa únicamente si se realiza bajo la coordinación de los jefes policiales. Es importante que las autoridades como los ciudadanos colaboren para mejorar la situación, reconociendo que las soluciones no llegarán de inmediato y que se necesita un enfoque integral para enfrentar la inseguridad”, agregó.
Presencia de militares no es la solución
Enrique Castro Vargas, coordinador del Taller de Asuntos Públicos y exdirector de Seguridad Ciudadana del Mininter, cuestionó la propuesta. Asimismo, dijo que es preocupante que el premier deslice esta posibilidad, ya que refleja una falta de liderazgo civil en la gestión de la violencia.
“Utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas para las cuales no están capacitadas ha resultado contraproducente en otros países, trayendo más muertos y heridos civiles, y complicando la legitimidad de las instituciones”, dijo.
“Los estados de emergencia y las intervenciones militares no han reducido el crimen, sino que han desplazado el problema a otras zonas no declaradas, lo que evidencia una estrategia ineficaz. La presencia militar para controlar el territorio no ha eliminado los delitos, como el sicariato y la extorsión, sino que ha generado una lucha por el control de zonas entre criminales”, añadió.
Para el especialista, la falta de legitimidad del Estado y la ausencia de una estrategia clara dificultan la resolución de los problemas de seguridad, sobre todo ante los últimos casos de violencia que se presentó en Lima, como el asesinato de un policía y de un profesor dentro de un colegio.
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“La combinación de las Fuerzas Armadas y la Policía para gestionar la seguridad resulta problemática debido a sus diferentes funciones y objetivos. Lo único que llevaría esta medida es deslegitimar las instituciones democráticas”, acotó.
“La seguridad ciudadana no debe ser responsabilidad exclusiva de la policía. Se debería incluir la participación de otros sectores del gobierno, como el Ministerio de Salud, Minería, Ambiente y Comunicaciones, para abordar los problemas de manera más integral. Estas áreas podrían contribuir al trabajo de inteligencia en la gestión de la violencia, lo que implica una coordinación intersectorial para enfrentar los desafíos de seguridad”, añadió.
¿Qué opinan las otras bancadas?
El congresista Diego Bazán expresó su respaldo al despliegue de militares en lugares estratégicos, como las entradas de los colegios, pero se opuso a que asuman el control del orden interno, argumentando que no están capacitados para esa función.
Por otro lado, la legisladora Norma Yarrow afirmó que las Fuerzas Armadas ya deberían estar encargadas de la seguridad en instituciones y estaciones de transporte masivo, permitiendo que la policía se concentre en combatir el crimen organizado.
A su turno, la congresista Ruth Luque advirtió que desplegar al ejército en las calles podría poner al país en una situación similar a un estado de sitio, lo que serviría únicamente para reprimir las protestas sociales que ya se están anticipando. “Prácticamente, es el último recurso que les queda”, señaló.
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Yuriko Cabeza, Lima 1987. Licenciada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia en medios digitales. Escribo sobre política, actualidad local y realizo informes especiales.
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