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Tal como lo anunció semanas atrás el jefe de Estado, Pedro Castillo, hoy se envió formalmente al Congreso el proyecto de ley que busca crear el delito de la difusión de información reservada en investigaciones que se estén llevando a cabo en el Ministerio Público, iniciativa que ha sido criticada por diferentes instituciones y gremios periodísticos.
Tomando en cuenta que -actualmente- el presidente, exministro y entorno familiar tienen procesos abiertos en la fiscalía por delitos que van desde corrupción hasta tráfico de influencias.
El oficio enviado por el presidente de la República, Pedro Castillo, lleva también la firma del primer ministro, Aníbal Torres, y está remitido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
La finalidad es que la iniciativa legislativa incorpore en el Código Penal el delito de “difusión de información reservada en la investigación penal”.
Según precisa el documento, el objetivo es “salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y partes procesales”.
También manifiesta que se quiere garantizar que las investigaciones alcancen el fin de sancionar los delitos, restaurar lesiones causadas y asegurar la paz social.
-Pena privativa de libertad-
En concreto, el proyecto establece que, si el responsable de la difusión de información fiscal es un imputado agraviado, abogado o representante legal de cualquiera de las partes, la sanción con pena privativa de libertad no será menor de 1 año ni mayor de 2.
En caso que la filtración sea cometida por un juez, fiscal o miembro de la Policía Nacional, la pena oscilará entre los 2 y 3 años de cárcel, mientras que si cualquiera difunde directa o indirectamente la información a través de los medios de comunicación, la condena no será menor de 2 años de prisión ni mayor de 4.
Contra esta iniciativa se pronunció la semana pasada la Defensoría del Pueblo, que solicitó al Ejecutivo descartar su presentación ante el Congreso al considerar que afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
“Esta propuesta busca inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía”, sostuvo.
El proyecto también fue criticado por varios sectores periodísticos, por ejemplo, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) alertó que el proyecto busca “blindar a quienes hoy están involucrados en presuntos casos de corrupción”.
“Se quieren ocultar presuntos delitos y se quiere proteger al primer funcionario público de la nación que es el presidente”, coincidió en declaraciones a la emisora RPP el representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Gustavo Gómez.
Mientras que el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, calificó de “inconstitucional” la propuesta del Gobierno, que interpretó como un “intento de colocar una venda en los ojos de la sociedad a través de la prensa”.
“Es una ley mordaza, es una ley con nombre propio. Es un proyecto de ley que esperamos que el Congreso no legisle”, concluyó Burgos.