La iniciativa impulsada por el Minjusdh fortalece el intercambio de información e inteligencia entre instituciones para anticipar ataques y desarticular estructuras delictivas. Foto: Andina
La iniciativa impulsada por el Minjusdh fortalece el intercambio de información e inteligencia entre instituciones para anticipar ataques y desarticular estructuras delictivas. Foto: Andina

La norma, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), incorpora como agravante del delito de organización criminal el uso del terror para conseguir un beneficio económico ilícito. Las penas contempladas van de 15 a 35 años de cárcel.

La incorporación de una organización a este registro podrá realizarse sobre la base de actuaciones fiscales y judiciales o mediante una evaluación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA).

¿QUÉ ORGANIZACIONES PODRÁN INGRESAR AL REGISTRO?

El decreto establece tres criterios para incorporar a una organización al RENOCTE:

  • Contar con una estructura delictiva organizada y jerarquizada.
  • Planificar, ejecutar o promover atentados con explosivos o armas.
  • Buscar un beneficio económico o lucro ilegítimo mediante estas actividades.

De esta manera, la norma busca identificar no solo a quienes ejecutan los ataques, sino también a las personas que forman parte de las estructuras criminales o colaboran con ellas.

UIF PODRÁ CONGELAR FONDOS Y ACTIVOS

Otra de las medidas contempla facultades para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que podrá congelar de inmediato los fondos y activos de las personas y entidades comprendidas en el registro.

La disposición apunta a debilitar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales. Además, permitirá generar alertas migratorias preventivas para reforzar las acciones de control.

Finalmente, el decreto fortalece el intercambio de información e inteligencia entre las instituciones del Estado para identificar amenazas, anticipar posibles ataques y coordinar acciones frente a estas estructuras delictivas.

Según el Minjusdh, el objetivo es que el Estado no solo sancione los delitos una vez cometidos, sino que también pueda anticiparse a las acciones criminales, afectar sus fuentes de financiamiento y debilitar sus estructuras.

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