La declaración del beneficiario final busca identificar a las personas naturales que realmente poseen o ejercen el control de una empresa. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.
La declaración del beneficiario final busca identificar a las personas naturales que realmente poseen o ejercen el control de una empresa. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.

Las empresas que operan en el Perú deben tener en cuenta una obligación tributaria antes de cerrar el 2026:

Esta declaración permite identificar a las personas naturales que, en última instancia, son propietarias o ejercen el control de una empresa, incluso cuando dicha participación se realiza de manera indirecta, a través de otras sociedades.

La medida busca fortalecer la transparencia empresarial y contribuir a la prevención de la evasión tributaria, la elusión y el lavado de activos. Por ello, no basta con identificar a los representantes legales o accionistas que aparecen formalmente en los documentos societarios; es necesario determinar quiénes están realmente detrás de cada organización.

Según el abogado tributarista, Octavio Salazar Mesías, la obligación comprende, como regla general, a las personas jurídicas domiciliadas en el Perú, entre ellas las sociedades anónimas (SA), sociedades anónimas cerradas (SAC), sociedades comerciales de responsabilidad limitada (SRL) y empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL). También alcanza a los entes jurídicos constituidos en el país, salvo las excepciones establecidas por ley.

¿Quiénes deben declarar en diciembre de 2026?

De acuerdo con el cronograma establecido, el último grupo comprende a las empresas no incluidas en los cronogramas anteriores que registraron ingresos netos de hasta 10 UIT durante el ejercicio 2024, equivalentes a S/ 51.500. Este grupo también incluye a las empresas con ingresos cero (S/ 0.00).

Asimismo, Octavio Salazar, indica que en este punto se consideran determinados supuestos de empresas inscritas y, cuando corresponda, con RUC activado entre enero de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

La declaración del beneficiario final busca identificar a las personas naturales que realmente poseen o ejercen el control de una empresa. Foto: Andina.
La declaración del beneficiario final busca identificar a las personas naturales que realmente poseen o ejercen el control de una empresa. Foto: Andina.

“Un aspecto importante es que el tamaño de la empresa no constituye una exoneración. Las micro, pequeñas y medianas empresas también deben cumplir con esta disposición, independientemente de su nivel de facturación. Incluso una compañía que no haya registrado ventas, compras ni ingresos puede encontrarse obligada a presentar la declaración”, indica Salazar.

Los vencimientos generales están programados entre el 17 y el 24 de diciembre de 2026, de acuerdo con el último dígito del RUC. Para los contribuyentes considerados buenos contribuyentes, el vencimiento corresponde al 28 de diciembre.

Es importante señalar que este último cronograma no amplía los plazos de quienes ya estuvieron obligados a declarar en periodos anteriores. Las empresas que tengan declaraciones pendientes deben evaluar su situación y regularizarla cuanto antes.

¿Qué documentos deben preparar las empresas?

Cuando la propiedad de una compañía involucra a otras sociedades, la cadena de titularidad debe reconstruirse hasta llegar a las personas naturales que califican como beneficiarios finales. La información declarada debe contar con el respaldo documental correspondiente.

El trámite se realiza mediante Sunat Operaciones en Línea (SOL), utilizando la Clave SOL y el Formulario Virtual N.° 3800. El procedimiento contempla la identificación de los beneficiarios finales, la validación de sus datos y la presentación de la documentación exigida. Una vez concluido, la empresa debe conservar la constancia de presentación.

Multas pueden alcanzar los S/ 275.000

La sanción contempla un mínimo de 5 UIT (S/ 27.500) y un máximo de 50 UIT (S/ 275.000), tomando como referencia la UIT de 2026 y antes de aplicar las rebajas que correspondan. Sin embargo, existe la posibilidad de acceder a una rebaja del 100 % por regularización voluntaria de las infracciones mencionadas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las disposiciones aplicables.

“Dejar este procedimiento para los últimos días puede incrementar el riesgo de errores, omisiones y sanciones. Por ello, la revisión preventiva y la coordinación entre las áreas de contabilidad, administración y asesoría legal resultan fundamentales para cumplir adecuadamente con esta obligación”, culmina Salazar.

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