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Tras el discurso de la jefa de Estado, Dina Boluarte de 28 de julio, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que -como parte de los acuerdos- no quedará impune las muertes producidas por los conflictos sociales a inicios del 2023.
“El acuerdo será convocado en la última semana de agosto y el punto central será invitar a todas las organizaciones que han participado en estas movilizaciones, partidos políticos, sociedad civil organizada para discutir la coyuntura y el largo plazo. Queremos que el acuerdo nacional, cuya legitimidad nadie cuestiona, puede ser el escenario adecuado para sentarnos en paridad e igualdad de condiciones todos los actores y conversar sobre los problemas del Perú y perspectiva del país”, agregó.
Además, se discutió sobre el preocupante aumento de la pobreza monetaria al 27.5%, atribuido a la gestión anterior bajo el liderazgo del ex presidente Pedro Castillo.
“Dentro de los números que nos ha dejado el señor Castillo está el crecimiento de la pobreza monetaria que creció a 27.5%, y el otro numero es de la corrupción, con más de S/ 22,000 millones por actos de corrupción, según la Contraloría. Asimismo, 8,500 funcionarios públicos en el año 2022, fueron procesados por actos de corrupción durante esta época”, agregó.
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Bicameralidad
Otro de los puntos abordados durante el discurso por fiestas patrias fue el de la bicameralidad. Sobre este asunto, el presidente del Consejo de Ministros señaló que han creado un grupo de trabajo con expertos constitucionalistas para presentar una reflexión sobre dos asuntos de importancia para la bicameralidad.
“Tenemos un modelo político híbrido, presidencial-parlamentario. Con este tema de la presentación del gabinete y la solicitud de confianza del congreso, y que funciona en un modelo parlamentario que no es el nuestro. Pero también tenemos el otro extremo, la posibilidad de cerrar el congreso, la incapacidad moral permanente, por ejemplo, y eso tiene que resolverse”, apuntó.
Debido a ello, según el ministro, se ha invitado a un debate para visibilizar el factor central de la crisis de representación del país para discutir sobre el tipo de Congreso y la modalidad de elección.
“Quizás es un momento de debatir un congreso uninominal, de 130 distritos electorales, con mayorías y minorías parlamentarias sin voto preferencial, y que permita la consolidación de los partidos y la verdadera expresión de la gente. (...) Este cambio de modelo político debería ser compensado por un Senado de distrito único que ayude a reflexionar sobre la calidad de las leyes”, apuntó.
A estas acciones, según el titular de la PCM, se suma el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo que busca que cada vez que el Ejecutivo observe un PL presentado por el Congreso, exista como mínimo 15 días de reflexión que permita su cuestionamiento.
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Cultivo ilegal de coca
En conversación con RPP, el presidente del Consejo de Ministros también abordó el problema entorno al descuido de anteriores gestiones para enfrentar el espacio cocalero ilegal.
“Tenemos que relanzar el exitoso modelo de desarrollo alternativo que permite enfrentar el narcotráfico, no solo con erradicación, sino con el financiamiento para los ex cocaleros que permitan que esas hectáreas puedan ser sembradas por café o cacao, o cualquier cultivo alternativo. También ayudar con la siembra de cosecha y post exportación”, indicó.
Asimismo, incluyó a las organizaciones como el Mininter o Devida para solucionar el descuido y alcanzar la meta de 45 mil hectáreas, dispuesto por la presidenta.
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Nueva división policial
En tanto, sobre la creación de una nueva división de la policía, el titular del gabinete de ministros, Alberto Otárola, dijo que es una alternativa más para enfrentar el problema de la seguridad ciudadana en el país.
“Hay varios delitos que se han venido configurando con forme a la gravedad de los mismos. A eso se suma, que hay un déficit de más de 40,000 policías en el país. Los jóvenes no se están alistando con la rapidez deseable. Tenemos que hacer que la carrera policial sea atractiva para ellos”, agregó.
Esta escuela policial de 6 meses permitirá que los policías puedan acceder a una modalidad de contrato especial y solucionar la brecha generada por el déficit de las fuerzas del orden en lugares alejados del Perú.
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