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La constante inestabilidad política y parálisis de las políticas en el Perú son síntomas de una gobernanza debilitada y persistentes desafíos de gobernabilidad, dijo el martes Fitch Ratings.
Las tensiones entre el presidente Pedro Castillo, el gabinete ministerial y el Congreso de la República han socavado la formulación y ejecución de políticas y elevado la incertidumbre política. Esto, a su vez, ha empañado las perspectivas de inversión en Perú, cuya calificación es ‘BBB’ con perspectiva ‘estable’.
El deterioro de las instituciones políticas del Perú y/o el debilitamiento resultante de la perspectiva económica más allá de los niveles ya moderados en relación con la mediana ‘BBB’ podría renovar la presión de calificación negativa, advirtió Fitch.
Un proceso de vacancia presidencial en el Congreso contra el presidente es la última señal de las tensiones políticas internas en curso. El presidente Castillo enfrenta un riesgo de juicio político a través del actual proceso que comenzará el 28 de marzo o vía posibles mociones futuras.
Su popularidad ha caído, enfrenta dos investigaciones por corrupción y se está acumulando apoyo legislativo para una vacancia. Después de que una moción anterior fracasara por un amplio margen en diciembre del 2021, 50 legisladores firmaron una moción de juicio político por ‘incapacidad moral’ el 8 de marzo.
La moción de vacancia continúa a pesar de que el Congreso aprobó recientemente un voto de confianza (64 de 130) para el nuevo gabinete del presidente Castillo encabezado por el primer ministro Aníbal Torres, el cuarto en ocho meses desde que asumió el cargo en julio del 2021. La premier anterior, Mirtha Vásquez, y ministros clave renunciaron en enero y febrero citando influencias externas en la administración.
Los desafíos de gobernabilidad de larga data han generado incertidumbre en cuanto a la estabilidad del gobierno. Los intentos de juicio político y la alta rotación ministerial continúan las tendencias del mandato del gobierno anterior, pero con mayor intensidad. Las tensiones entre los políticos de extrema izquierda encabezados por Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, que respaldó la campaña del presidente Castillo, y los moderados han contribuido igualmente a las rupturas públicas en el gabinete.
Dos tercios, 87 de 130 diputados, necesitarían votar a favor de la vacancia para destituir al presidente. Si una propuesta de juicio político tiene éxito o el presidente renuncia, el proceso de sucesión constitucional podría avanzar rápidamente. En caso de que el vicepresidente decida no gobernar, el jefe del Congreso se convierte en presidente interino y debe convocar pronto una elección presidencial para terminar el mandato.
Por lo tanto, una vacancia exitosa aumentaría materialmente el riesgo de nuevas elecciones. Es poco probable que las nuevas elecciones aborden los desafíos políticos estructurales subyacentes, como la profunda polarización, un débil centro político y un Congreso fragmentado.
La falta de un centro político fuerte contribuye a la polarización política, lo que aumenta la probabilidad de parálisis de las políticas y el tipo de alborotos que han caracterizado la reciente política interna. Ningún candidato centrista se ubicó entre los cuatro primeros en la primera ronda de las elecciones presidenciales del 2021. Otra frenética campaña presidencial que presenta un extenso grupo de candidatos y una visibilidad limitada de las políticas probables de la administración potencial durante los próximos 6 a 12 meses (repitiendo el proceso del 2021), extendería la incertidumbre política.
Si bien el Perú tiene un largo historial de política fiscal prudente y una carga de deuda moderada, Fitch señala que la creciente volatilidad política fue un factor en su decisión de eliminar el escalón positivo anterior para la credibilidad de la política macro y fiscal de su calificación, lo que condujo a la rebaja a ‘BBB/Estable’ en octubre del 2021.
“Esta rebaja anticipó los continuos desafíos de gobernabilidad. Una asamblea constituyente es menos probable después de que el Congreso promulgó una ley que requiere la aprobación del Congreso para proceder con cualquier referéndum público. Sin embargo, la inestabilidad política ha elevado la incertidumbre y ha paralizado la formulación de políticas, lo que plantea riesgos tanto para la gobernanza política como para el desempeño macroeconómico”, explicó la agencia.
“Los riesgos para las perspectivas macro son particularmente relevantes para la solvencia, especialmente si el crecimiento del PBI cae por debajo de la tasa ya moderada del 2.5% que esperamos para el 2022-2023, que está sustancialmente por debajo de la mediana global ‘BBB’. Los planes de inversión empresarial no están posicionados para el crecimiento. Los dividendos corporativos aumentaron mientras que las utilidades retenidas cayeron y la inversión minera disminuyó 2.5% el año pasado”, concluyó.
