La Fiscalía de la Nación archivó de manera definitiva la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio, a raíz de las muertes registradas durante las protestas sociales en contra de su Gobierno entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
En el documento se precisa que no existe mérito para formular denuncia constitucional contra Boluarte y los exministros Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera, Jorge Chávez Cresta y Vicente Romero por este delito; sin embargo, la mandataria y demás exfuncionarios seguirán siendo investigados por los delitos de homicidio y lesiones.
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En diálogo con RPP, el abogado de la jefa de Estado, Joseph Campos, saludó la decisión del Ministerio Público, aunque la calificó de tardía.
“Saludamos tardíamente, por cierto, porque hemos estado más de un año y medio diciendo lo que finalmente se ha dicho. Pero lo celebramos porque la idea de la existencia de una imputación tan grave, que es un delito de lesa humanidad, le hace daño no solamente a la presidenta de la República, le hace daño al país”, cuestionó.
Campos recordó que el delito de genocidio es el acto letal contra un grupo de personas “por lo que es y no por lo que se hace”, por lo consideró que no configuraría este delito durante el control de manifestaciones violentas impulsado por el Ejecutivo.
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“Ahí pudo haber muertes por un mal uso del arma por parte del policía o militar, por un buen uso del arma del policía o militar, o una circunstancia, incluso las casuales. Todo eso se tiene que investigar antes de iniciar una investigación contra el presidente de la República. Pero el genocidio era una locura, nunca tuvo sentido”, acotó.
“Denuncia fue siempre un despropósito”
Por su parte, el premier Gustavo Adrianzén utilizó sus redes sociales para saludar la decisión adoptada por el Ministerio Público.
A su juicio, esta denuncia siempre fue un “despropósito” y que poco a poco “la justicia se abre paso”.
“Poco a poco la justicia se abre paso. No hay mérito para acusar constitucionalmente a la presidenta y se archiva definitivamente el presunto delito de genocidio. Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito”, cuestionó.
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