Pese a que ya ha transcurrido cerca de dos meses desde que entrara en vigencia, la ley que modifica la definición del crimen organizado sigue ocasionando repercusiones.
Al respecto, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, advirtió que, desde la promulgación de esta norma, el Ministerio Público ha visto afectado su trabajo relacionado a lucha contra el crimen organizado.
En diálogo con RPP, explicó que la ley en mención ha repercutido en “la operatividad de la Policía y del Ministerio Público”, debido a que ahora se exige, para los registros de allanamiento, la presencia de un abogado.
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Según dijo, en ninguna legislación europea o latinoamericana se estipula este requisito para llevar a cabo un allanamiento a la propiedad de un investigado.
“El problema no solo es la Fiscalía y la Policía que ven afectado su trabajo, sino que esto repercute definitivamente en la persecución del delito. Como la prensa ha podido observar, la criminalidad, en los últimos días, a partir del 9 de agosto en que se promulga la norma, y como los delincuentes ya han observado a través de los medios de comunicación que en los operativos la Policía se ve impedida de registrar, (estos) se ven envalentonados al ver que hay una impunidad. Entonces, ejercen con mucha más facilidad, libertad, esos actos ilícitos”, cuestionó.
Recordó que la ley precisa que cuando un juez dispone una orden de allanamiento, se podrá ingresar al domicilio del investigado, pero no se puede registrar ni realizar “ninguna acción” hasta que llegue un abogado. Esto, según alertó, ha ocasionado que se pierdan evidencias.
“Lamentablemente, en los últimos operativos que hemos tenido, las evidencias se pierden puesto que el investigado tiene de dos a más horas para poder deshacerse de las mismas mientras llega su abogado”, advirtió el fiscal.
“Antes se ingresaba, inmediatamente se empezaba a hacer el registro y se comunicaba al intervenido que podía llamar a su abogado. La Policía y la Fiscalía empezaban el registro y su abogado podía llegar en el transcurso del registro y se consignaba su presencia si es que venía, (ya que) por la lejanía casi no llegan, ya que los allanamientos contra crimen organizado no se dan en la ciudad, sino fuera, en zonas inhóspitas”, añadió.
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Pide que cambios a la ley se aprueben antes de fin de mes
Al respecto, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, explicó que, tras esta decisión, las propuestas presentadas serán revisadas y evaluadas en la comisión de Justicia, que preside Isaac Mita (Perú Libre).
En ese sentido, demandó celeridad a dicho grupo de trabajo para que revisen las iniciativas en mención, a fin de que sean aprobadas en el Pleno antes de fin de mes.
“Se ha exhortado, a través de la Junta de Portavoces, que lo dictaminen en el más breve plazo posible para que podamos verlo antes de fines del mes de octubre”, apuntó.
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