La Comisión Permanente sesionará mañana para debatir diversos proyectos y dictámenes que están en agenda. Uno de los temas que se abordará es la segunda votación de la propuesta que restituye el financiamiento de partidos políticos por parte de las empresas privadas.
Al respecto, el presidente del partido Acción Popular (AP), Julio Chávez Chiong, envió un oficio al vocero de su bancada, Elvis Vergara, a fin de solicitarles que voten en contra de dicho dictamen.
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“He solicitado al vocero de la bancada rechazar el dictamen que restituye el financiamiento privado de partidos por parte de personas jurídicas. El dinero de todos los peruanos es para fortalecer a los partidos, y no para pagar abogados ni asesores a dirigentes, y menos sueldos a estos”, indicó en sus redes sociales.
En el documento, Chávez recuerda que la historia política de Acción Popular se ha desarrollado en el servicio desinteresado de su dirigencia, en el marco del legado ejercido por el expresidente Fernando Belaunde Terry.
Por ello, consideró que “la política debe ser vista como una labor de servicio desinteresado, sin la espera de la retribución económica de ello”.
Fueron 22 los legisladores que respaldaron la propuesta, mientras que seis se opusieron (Flavio Cruz, Roberto Sánchez, Víctor Cutipa, Alex Flores, Ruth Luque y José Cueto) y no se registró ninguna abstención.
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¿Cuáles son los cambios a la norma?
Entre las modificaciones que se incluyeron en el texto sustitutorio figuran un candado para que todo el dinero que se use en el financiamiento del patrocinio y asesoría legal de los directivos, representantes y voceros de partidos políticos sea devuelto en caso reciban una sentencia firme o ejecutoriada.
Este último punto había ocasionado controversia y críticas por parte de algunas bancadas.
“Hasta el 50% del financiamiento público directo recibido será utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como en la adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política, así como para la contratación de personal y servicios diversos, los que incluyen servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política y a sus directivos, representantes y voceros. En caso de dictarse sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, se debe devolver el dinero empleado para tal fin”, se lee en la norma.
Tras la observación de la legisladora Norma Yarrow, también se incluyó una precisión para que esta asesoría legal solo sea en el ejercicio de la función.
Las organizaciones políticas podrán recibir aportes o ingresos procedentes de financiación privada, a través de “las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito”.
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Sin embargo, dichos aportes no deben superar en un año calendario el equivalente a las 200 UIT (S/ 1′030,000) que aporten para cada organización política.
De esta manera, se está elevando de S/618,000 (120 UIT) a S/ 1′030,000 el tope de aportes mínimos que pueden recibir los partidos de cara a las elecciones generales del 2026.
Finalmente, se incluyó un artículo en la propuesta para permitir los aportes bancarizados a los partidos a través del Banco de la Nación, que serán “confidenciales”; es decir, no se podrá revelar el nombre del aportante.
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