A nivel de Sudamérica, nuestro país se ubica en el puesto N° 6 del ranking que mide la percepción del nivel de corrupción en el sector público a nivel internacional, realizado por Transparencia Internacional.
De acuerdo a dicho informe, al que accedió Gestión, Perú está empatado con Brasil y Surinam (con 38 puntos), pero se encuentra por encima de Bolivia (31), Paraguay (28) y Venezuela (15).
Sin embargo, aún estamos por debajo de Uruguay (71), que lidera el ranking, Chile (67), Argentina (42), Guyana (41), Colombia (39) y Ecuador (39).
En lo que respecta a todo el continente, nuestro país figura en el puesto 17 (empatado con Brasil y Surinam), de 32 países que fueron analizados por Transparencia Internacional.
Mejora posición
A nivel mundial, Perú se ubica en el puesto 94 de 179 países que fueron evaluados. Esto es dos puntos más que lo registrado el 2019 (36) y tres puntos más que el 2018 (35).
En lo que respecta a posiciones, en los últimos tres años hemos escalado 11 posiciones. Hemos subido del 105 al 94.
Si bien Transparencia Internacional resalta que nuestro país ha subido dos puntos en el ranking, advierte que “continúa relativamente estancado en el índice desde el año 2012”.
“Las investigaciones de casos de corrupción y la reciente ratificación de leyes cruciales contra la corrupción son algunos de los avances conseguidos”, señala el documento, en referencia a la ley de financiamiento de partidos y la norma que prohíbe postular a las personas sentenciadas en primera instancia, aprobadas el año pasado en el Congreso.
Finalmente, el estudio concluye que nuestro país sufre corrupción estructural, impunidad e inestabilidad política.
“En menos de cinco años, el país ha rechazado a cuatro presidentes, tres de los cuales están siendo investigados por corrupción”, se lee en el informe.
Inestabilidad
Por su parte, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, advirtió que a pesar de la mejora del Perú en el listado, aún nos mantenemos en el grupo de países con una elevada percepción de corrupción
“A la situación de corrupción sistémica que aqueja al Perú, se puede sumar la inestabilidad política que ha sido constante en estos últimos años (…) así como las extendidas sospechas de mal uso de los recursos públicos para enfrentar el covid-19”, dijo.
En ese sentido, consideró que los avances en las investigaciones contra la gran corrupción, que han enfrentado muchas dificultades para avanzar en medio de la situación de emergencia sanitaria, deben empezar a mostrar resultados.
“El Bicentenario debería ser el año de los juicios emblemáticos. Es necesario superar las limitaciones actuales y no perder la oportunidad de sancionar con contundencia a los responsables”, enfatizó.