Si bien el partido Alianza para el Progreso (APP) presentó con bombos y platillos el proyecto de ley que busca amnistiar a policías y militares que sean objeto de procesos judiciales por luchar contra el crimen organizado, en la bancada este tema aún está en discusión y hasta la iniciativa podría ser retirada.
Así lo informó a Gestión el vocero de dicho grupo parlamentario, Eduardo Salhuana, tras precisar que esta semana evaluarán dicho propuesta, que ha generado polémica.
En esta entrevista, el legislador confirma que APP apoyará la interpelación del ministro del Interior, Víctor Torres, y adelantó que si este no renuncia a su cargo, lo más probable es que sea censurado.
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- ¿Qué temas impulsará APP en la próxima legislatura?
En nuestra agenda parlamentaria están básicamente los temas de generación de empleo, reactivación de la economía e institucionalidad democrática. Creo que en marzo debemos ver la segunda votación del retorno a la bicameralidad, que es una reforma en mi concepto fundamental para la institucionalidad democrática, así como impulsar normas para la reactivación económica.
-¿Cómo cuáles?
Vamos a impulsar la ley de Zonas Económicas Especiales, que precisamente será abordado en un evento que realizaremos el próximo 21 de febrero. Es un proyecto de ley que ya está cerca de un año en la comisión de Economía y tiene opiniones favorables de varios ministerios. Hay un consenso de que esta Zona Franca bajo el esquema del sistema privado, que es un esquema que ha funcionado bien en otros países, también puede ser exitoso en Perú. El tercer gran tema que impulsaremos son las normas sobre seguridad ciudadana. APP va a presentar un paquete de normas vinculadas a la reforma del Código Procesal Penal.
- ¿De cuántas normas estamos hablando?
-Es un promedio de seis proyectos de ley que ya están siendo afinados y que, precisamente, ahora a fines de febrero los vamos a presentar en una conferencia de prensa conjuntamente con los alcaldes, porque es un trabajo conjunto que se está haciendo con los burgomaestres, como el de Magdalena (Francis Allison), y con los otros alcaldes de APP. Hemos tenido varias reuniones de trabajo y ya tenemos varios proyectos de ley definitivos que serán presentados a la opinión pública y que recogen la experiencia de los alcaldes vinculados al tema de Serenazgo, armas no letales, incrementar pena de alguno delitos, etc.
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-Precisamente, el Congreso le otorgó facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana. Al término de este plazo, se presentaron 50 decretos legislativos, 36 de ellos vinculados a este tema, ¿es suficiente?
Me parece que no y justamente nosotros hemos estado esperando que se venza el plazo de la delegación de facultades para lógicamente recién ejercer nuestra atribución constitucional y plantear las reformas que nosotros creemos conveniente. Hay temas que no se han abordado, hay aspectos que no se han tomado en cuenta y me parece que no ha habido un trabajo coordinado con las diferentes instancias del gobierno y, al final, han salido iniciativas que quizás en algunos casos no tienen ni el respaldo de la propia Policía. Bueno, nosotros queremos ser propositivos y vamos a plantear reformas interesantes, porque hemos escuchado a nuestros alcaldes que día a día están lidiando contra la inseguridad ciudadana en sus distritos.
-De todos los decretos legislativos, hay alguno que les llamó la atención o que consideran preocupante?
Particularmente no hemos entrado al detalle de esto, pero hemos encargado a esta comisión que preside la doctora (Alejandra) Aramayo que los revise y, en el caso de los alcaldes, lo coordina Francis Allison. Ahora, al retorno de la semana de representación me voy a reunir con ellos y me van a hacer un informe en general de los decretos legislativos y lo que nosotros vamos a proponer y ahí obviamente vamos a emitir nuestra opinión.
-Por ejemplo, el Ejecutivo modificó el Código Penal para permitir la expulsión de extranjeros que cometan delitos en flagrancia, se amplió el control de identidad policial del extranjero en calidad de ilegal en el país y se amplió la pena del hurto de celulares…
Si, me parece positivo todo eso, pero siempre resulta insuficiente. Lo que pasa es que la delincuencia en los últimos 10 años se ha desbordado. La llegada de más de 1 millón y medio extranjeros, que incluye un contingente lamentablemente importante de gente que se dedica a las actividades ilícitas, ha generado la presencia de nuevas figuras delictivas, o se han agudizado algunas. Por ejemplo, nosotros no teníamos activo el tema de las extorsiones, no teníamos los asaltos con resultados fatales para el robo de celulares, el tema de tenencia ilegal de armas, son delitos cuyas penalidades no son tan altas y creo que en esos temas, por ejemplo, el Gobierno no ha dado una mirada.
-¿La declaratoria de emergencia de algunos distritos, como San Juan de Lurigancho y Lince, sirvió de algo?
Si uno lo ve que como una medida estadística, como resultado, seguro que no se ha alcanzado grandes objetivos. Quizás esto sea un tema mucho más mediático o sea una medida que busca generar una mirada positiva en la ciudadanía, porque da la imagen de que el Estado está actuando y respondiendo, de que tiene reflejos frente a la delincuencia común, pero creo que yendo al fondo del tema no se han logrado los objetivos que uno quisiera, porque esto tiene que ir premunido de una capacidad operativa real, de logística, de motocicletas, patrulleros, comunicación, celulares, drones, así como utilizar inteligencia artificial y otras medidas en beneficio de la Policía y FF.AA. para combatir la criminalidad organizada.
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-La bancada de Podemos Perú presentó una moción para interpelar al ministro del Interior, Víctor Torres, ¿apoyarán esta propuesta?
Nosotros vamos a apoyar la interpelación del ministro y vamos a escuchar sus respuestas, pero yo tengo mis reparos. Creo que en general el Ejecutivo tiene que repensar la forma en la que se está manejando la política de seguridad ciudadana. Personalmente, creo que no se está haciendo lo correcto. Si le criticamos a Pedro Castillo que cambiaba cada 30 días al Comandante General de la PNP y al ministro del Interior, en este caso, cambiamos de ministro porque el anterior (Vicente Romero) fue censurado, pero hemos cometido el error de traer a una persona (Víctor Torres) que estaba prácticamente en el retiro y en otro país, totalmente ajeno a la realidad peruana y de los problemas de la delincuencia, asalto y robos. Se nota claramente que no hay una estrategia definida, no tenemos un rumbo claro, no hay una buena relación de la Policía, del comando institucional con el ministro.
-Sin embargo, el ministro se resiste a renunciar. Alega que dar un pasado al costado sería un acto de cobardía. Si no renuncia, ¿será censurado en el Congreso?
Es una posibilidad, porque se nota; o sea, aquí no necesitas ser de oposición ni ser oficialista para pensar en esa posibilidad. Acá lo que queremos todos es que las políticas funcionen, que los funcionarios se desempeñen correctamente, que conozcan lo que hacen, que entiendan que hay una estrategia clara frente a la problemática de la delincuencia y lo que se ve es que no hay eso. Si las cosas están caminando mal lo que hay que hacer es cambiar, y eso va más allá del tema personal del ministro. Se le reconoce su trayectoria, se le valora, pero no está cumpliendo como corresponde.
El proyecto que busca amnistiar a policías y militares y otras iniciativas
-APP ha presentado un proyecto de ley para amnistiar a policías y militares que sean objeto de procesos judiciales, que ha generado polémica, ¿la bancada respalda la iniciativa o ha generado posiciones encontradas?
No. Como en toda propuesta tiene que ver con aspectos de derechos fundamentales siempre es complicado que haya unanimidad. Esta es una norma que viene del partido, que viene de los órganos directivos de APP y lo plantearon a la bancada. Obviamente en la bancada lo hemos cogido, revisado y es un tema que se hizo público, pero este proyecto aún está en discusión a nivel de la bancada. Hay que recordar que hemos estado en receso y en semana representación, no ha habido oportunidad de discutir colectivamente el tema. Digamos que está en proceso de revisión, porque hay colegas que están a favor y en contra.
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-O sea, ¿esta propuesta todavía se está discutiendo y no significa que la apoyarán mayoritariamente?
Así es. La bancada lo que ha dicho es que si bien es una iniciativa de los órganos directivos del partido y que es bienvenida, decidimos que vamos a proponerlo como material de discusión y de ahí tomaremos una decisión, porque no ha habido una oportunidad de discutirlo internamente. Se ha pasado a los órganos de asesoría y ellos ya tienen un punto de vista. Se lo hemos enviado a los colegas y ahora que retornemos de nuestra semana de representación, tendremos una reunión formal para decidir al respecto.
Podría ser, así como también podría ser reformado, reformulado y planteado, porque en el fondo el cuerpo directivo de APP recogió una inquietud que existe en la colectividad, hay un problema concreto y es que los policías ahora se resisten o tienen dificultad para intervenir de manera efectiva con sus armas, porque al final terminan siendo procesados, sentenciados y terminan con prisión preventiva. Entonces, hay que ver la manera de garantizar que el policía que actúe en defensa del orden y use su arma de reglamento, no le pase absolutamente nada. Tenemos que ser bien cuidadosos en la redacción de un documento de ese tipo.
-Pero varios expertos señalan que esta norma podría generar excesos por parte de los policías y militares. Es más, aducen que sería una especie de carta blanca para “matar gente” …
Bueno, yo tengo mis reparos de los expertos. Hay gente que está en los medios de comunicación de expertos y cuando han sido autoridad pues realmente su expertise no ha servido de mucho al país, pero bueno, igual se respeta, pero lo que creo es que un policía, un ciudadano no creo que salga a la calle con la intención de matar. Si es Policía, se supone que ha pasado una capacitación, exámenes psicológicos, es una persona equilibrada, de bien, no va a salir a disparar a diestra y siniestra. Obviamente hay situaciones de momento, reacciones inmediatas, todo eso se verá. Lo que creo es que tiene que primar es el interés de la colectividad.
-Otro proyecto que ha generado polémica es el que busca reconstruir el penal El Frontón para alojar ahí a delincuentes de alta peligrosidad, ¿qué le parece?
Bueno, lo que sí es cierto es que en el Perú hay un hacinamiento bárbaro en los penales, por ejemplo, Lurigancho fue concebido para albergar a 3,000 personas y ahorita hay más de 12,000. Es cuatro veces más su capacidad, es brutal. En el Perú hace años que no se construyen penales y tiene que haber una política de excarcelación, de deshacinamiento, y eso no es empezar a soltar a los internos por soltarlos. Tiene que haber mecanismos adecuados. Por ejemplo, hay gente que está con enfermedades terminales en las cárceles y adultos mayores, hay que aplicar las gracias presidenciales o la conmutación de las penas. Eso se podría aplicar y debería ser impulsado por el Ministerio de Justicia, que lamentablemente no ha presentado ninguna iniciativa al respecto y lógicamente hay que construir más penales.
¿Pero le parece adecuado reabrir El Frontón?
El penal El Frontón se cerró por motivos que ya sabemos, es un sitio que está completamente destruido. Ahí o en cualquier sitio hay que construir. ¿Hacerlo ahí qué sentido tendría? mejor busquemos otro sitio más accesible, porque obviamente tiene que haber traslado (de reos), comunicación y otros aspectos.
-¿Respalda la iniciativa que busca restituir los tribunales con jueces sin rostro para juzgar a organizaciones criminales de alta peligrosidad?
Nosotros vivimos en un estado de derecho y ese tema (jueces sin rostro) es un capítulo de la historia del Perú que ya hemos pasado. Son películas que ya hemos visto. Ya hemos tenido problemas en la época de los 90 porque se enfrentó al terrorismo con todas las armas que se tenía disponible, pero obviamente cometimos errores y excesos. Ha habido cientos de personas que fueron indultados después por el trabajo del padre Hubert Lanssiers. Recordarás, por ejemplo, el caso de Yehude Simon y de otras personas que fueron sentenciados sin tener una responsabilidad y el tema de jueces sin rostro obviamente afecta algunos casos de principios fundamentales. Creo que lo que hay que hacer es evaluar caso por caso y así evitamos después sentencias contrarias en tribunales internacionales. Personalmente no lo veo viable.
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