Dina Boluarte y Alejandro Soto. (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)
Dina Boluarte y Alejandro Soto. (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

La presidenta y el titular del Congreso, , enviaron una carta a la expresando su rechazo a la resolución emitida contra la ley sobre crímenes de lesa humanidad.

“Perú reitera su firma adhesión al sistema interamericano de protección de derechos humanos de carácter subsidiario a la justicia nacional y ratifica su invariable compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus demás instrumentos internacionales que en los términos de la convención de Viena de derecho de los tratados se ha venido cumpliendo de buena fe”, se lee en el documento.

“Perú es un país democrático que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, sea a través del control difuso ejercido por el poder judicial o del control concentrado ejercido por el tribunal constitucional. Por esta razón deploramos profundamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la referida de resolución implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una República democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos”, se agrega en dicho oficio.

Dina Boluarte. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec)
Dina Boluarte. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec)
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Por su parte, en conferencia, el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén informó que su despacho aún no ha recibido la ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002, la cual fue aprobada el pasado jueves 4 de julio por la .

“Nosotros todavía no hemos recibido esa ley. Cuando llegue a la Presidencia del Consejo de Ministros, realizaremos una evaluación, partiendo, por supuesto, de la opinión del Ministerio de Justicia”, añadió.

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Finalmente, Adrianzén ha informado que, pese a la respuesta de la presidenta Boluarte y Alejandro Soto, no existe “ninguna razón, de momento, para excluirnos de la Corte IDH”.

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