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Mientras cumplía sus funciones como integrante del Ejecutivo, la vicepresidenta Dina Boluarte acudió en tres oportunidades a una reconocida notaría local para legalizar documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, según informó Willax TV.
De acuerdo con el programa periodístico, la historia comienza el 8 de setiembre de 2021, cuando Boluarte comenzó los trámites notariales, siendo también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Sin embargo, no sería la única vez que visitó la notaría Gonzales Loli, ya que para inscribir la ampliación del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac en Registros Públicos debía de legalizar otros documentos.
“El 20 de setiembre la atendí en mi despacho notarial y ella firmó. Ella habrá venido dos o tres veces”, dijo el notario Jorge Gonzales Loli al programa dominical.
El 27 de setiembre de 2021, Dina Boluarte habría asistido por tercer a vez a la notaría a fin de subsanar a nombre de la directiva del Club Apurímac una observación efectuada por Registros Públicos.
Según el abogado constitucionalista Erick Urbina, Boluarte Zegarra incurrió en una infracción debido a que no podía gestionar acciones administrativas a favor de una institución privada mientras es titular del Midis.
“Un ministro de Estado tiene que tener dedicación exclusiva para su ministerio, no puede gestionar otro interés ni ejercer algún tipo de dirección, ya sea de una empresa o asociación privada, como es el caso de la señora Boluarte con el Club Departamental Apurímac. Ella ha incurrido en una infracción constitucional tipificado en el artículo 126″, indicó.
Agregó que por esa infracción correspondería entre tres a cinco años de inhabilitación para ejercer la función pública, pero el Pleno del Congreso tendría que tomar la decisión.
Informe de Contraloría
Cabe señalar que un informe de fiscalización de la Contraloría, elaborado entre setiembre de 2021 y enero de este año, encontró indicios de presunta infracción constitucional por parte de Dina Boluarte.
El expediente indica que la exministra y vicepresidenta llevó a cabo actividades administrativas, en su calidad de presidenta del Club Apurímac, en setiembre del año pasado, cuando estaba prohibida de hacerlo, según el Artículo 126 de la Constitución.
El artículo en mención señala que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
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