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Únete al canal de GestiónLa jueza peruana Melina Miguel condenó a 35 y 32 años de cárcel, respectivamente, a un hombre y una mujer por la muerte de dos jóvenes en el incendio de una galería comercial Nicolini donde estaban encerrados en un contenedor, dos jóvenes trabajadores, a los que explotaban laboralmente, informó la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima.
Jonny Coico recibió una condena de 35 años de prisión al ser hallado culpable de los delitos de violación de la libertad personal, trata de personas agravada con fines de explotación y esclavitud con consecuente muerte.
El condenado también deberá pagar S/ 469,200 (unos US$ 140,000) y S/ 459,000 (unos US$ 137,000), respectivamente, a los herederos legales de dos fallecidos, además de S/ 5,000 (US$ 1,500) y S/ 10,000 (unos US$ 3,000) a otros afectados durante el incendio.
Por su parte, Vilma Zeña fue condenada a 32 años de cárcel por los delitos de violación de la libertad personal y trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud.
La magistrada dictó una orden de captura e ingreso en prisión de Zeña, quien no acudió a la audiencia judicial en la que se leyó la sentencia y permanece en paradero desconocido.
Coico y Zeña eran los dueños de unos contenedores ubicados en el quinto piso de la antigua Galería Nicolini, en el centro de Lima, y en donde habían habilitado un taller informal en el que supuestamente cambiaban las marcas de tubos fluorescentes por otras de mayor calidad.
En ese espacio, y encerrados con candados externos, trabajaban Jovi Herrera Alania, de 20 años, y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19 años, víctimas mortales de ese gran incendio.
Durante las horas del incendio, los jóvenes pidieron auxilio a sus familiares, quienes llamaron a los bomberos y a los dueños del contenedor para que acudiesen a liberarlos.
Sin embargo, la magnitud del incendio y las altas temperaturas que ponían en riesgo la estructura del edificio impidieron a los rescatistas acceder al ambiente, el mismo que estaba lleno de tubos fluorescentes.
Las autoridades no pudieron rescatar los cuerpos de los fallecidos hasta seis días después de extinguidas las llamas.
El gran incendio requirió la presencia de 900 bomberos, quienes constataron que el edificio, que fue una antigua fábrica de fideos, se hallaba tugurizado y lleno de material altamente inflamable.
La oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países andinos afirmó que las condiciones de trabajo descubiertas en el lugar se "aproximan a formas modernas de esclavitud como el trabajo forzoso, que afecta a millones de personas en todo el mundo".
