Los casos de sicariato, extorsiones, crímenes, robos y más, siguen aumentando a gran escala en el país, pese al estado de emergencia que se ha declarado en diversas regiones del Perú. Desde el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República se han presentado más de 15 proyectos de ley para incorporar en el Código Penal el terrorismo urbano como un delito, pero ¿realmente es la solución al problema delincuencial? ¿Qué dice la Comisión de Justicia, encargada de este dictamen?
El congresista Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia del Legislativo, señaló la semana pasada ante la prensa que en 15 días entregarían el dictamen de dicha iniciativa. Sin embargo, en conversación con Gestión, dijo que el documento podría demorar, pues se está analizando desde varias posiciones.
El legislador mencionó a este diario que la propuesta enfrenta dificultades, ya que el concepto de terrorismo urbano no está bien definido en la legislación actual y que, además, se está discutiendo en otras bancadas.
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“No solo se trata de aceptar una propuesta, es importante recoger las opiniones de especialistas y también las opiniones de la ciudadanía, como también escuchar a los congresistas. Lo más pronto que podamos presentaremos el dictamen sustitutorio de este proyecto para que pueda debatirse en el Pleno”, dijo.
“En 15 días no lo vamos a presentar, todavía no podemos definir cuando. No quiero adelantar opiniones al respecto, pero estamos seguros de que llegaremos a un consenso porque existe una mayoría que está de acuerdo con insertar este delito en el código penal”, agregó.
Aunque se reconoce que la propuesta del terrorismo urbano podría ayudar a reducir la delincuencia, el congresista destacó que no será suficiente sin mejorar las condiciones logísticas y el apoyo institucional para la policía y el sistema judicial.
“No queremos entrar en presiones. No se trata solo de tomar una decisión para salvar el momento, ya que el problema es más grande de lo que pensamos y no se va a resolver de un día para otro. Incorporar el delito de terrorismo urbano al código penal no va a ser una solución al problema, pero servirá como instrumento para ir de a pocos reduciendo el número delincuencia”, enfatizó.
“Existe una gran problemática en el sistema policial y judicial, la policía no cuenta con los recursos para enfrentar a estos delincuentes y cuando la policía los captura días posteriores están saliendo en libertad. El Ejecutivo no está tomando las medidas para proporcionar la logística necesaria a la policía ni tampoco a los fiscales del Poder Judicial. Estamos desarmados”, enfatizó.
Sobre las posiciones de otras bancadas, el presidente de la Comisión de Justicia sostuvo que se están acercando a consensuar y dialogar con otros colegas.
“Hay un esfuerzo por consensuar con otras bancadas, ya que el país lo requiere. En la mayoría de los casos, los congresistas están de acuerdo en resolver la situación y aunque algunas bancadas tienen posiciones diferentes, se está trabajando para llegar a un acuerdo”, agregó.
¿Es viable la propuesta de terrorismo urbano en Perú?
Para el abogado penalista Carlos Caro, esta propuesta generaría una confusión con otros delitos que ya están estipulados en el código civil.
“La creación de un nuevo delito de “terrorismo urbano” podría generar confusión en el sistema judicial porque se superpondría con otros actos ilícitos ya existentes en el Código Penal, como la organización criminal, el robo y el secuestro”, apuntó.
“La confusión surge porque jueces y fiscales tendrían dificultades para decidir qué delito aplicar en cada caso. Esto beneficiaría a los delincuentes, ya que podrían aprovechar esas dudas legales para anular condenas o retrasar los procesos judiciales. En consecuencia, los delincuentes podrían quedar impunes o recibir condenas menos severas, lo cual afectaría la efectividad del sistema judicial”, añadió.
Ante esto, señaló que la ciudadanía no está para asumir errores que puedan cometer desde el Legislativo, ya que cualquier cambio a la norma puede terminar beneficiando los delincuentes en unos años.
“No es necesario cambiar ni incluir nuevos delitos”
El abogado penalista señaló que no es necesario modificar las leyes penales en el Perú, porque las normas actuales establecen sanciones severas para delitos graves. “El verdadero problema es de carácter operativo, no legislativo”.
“Perú tiene un déficit de aproximadamente 60,000 policías, ya que cuenta con 100,000 efectivos aproximadamente, cuando debería tener entre 160,000 y 180,000, de acuerdo con los estándares internacionales para su población. Este déficit se debe a la falta de interés de los jóvenes, pues para ellos servir en las fuerzas policiales no es alentador ante los casos que se ven a diario”, dijo.
“Lo que se necesita es reforzar la actividad de la policía y eso implica más efectivo en las calles. Ellos ya no están para hacer cursos de formación de 3 o 4 años, ellos al año ya deben salir a las calles. Además, se deben implementar más recursos para jueces y fiscales, quienes están sobrecargados y no tienen suficientes medios para abordar la creciente delincuencia”, precisó.
Terrorismo urbano: ¿la solución del problema?
Para el especialista en seguridad ciudadana y director de Aprosec, César Ortiz, esta medida es populista y no va al núcleo del problema.
“Hoy en día la gente vive aterrada, no pueden salir de sus casas ni realizar actividades fuera de ella porque son víctimas de asaltos e incluso nadie está libre de ser baleado por un enfrentamiento entre bandas delictivas. El gobierno no tiene claras las políticas de Estado, ni estrategias adecuadas para enfrentar esta problemática”, aseguró.
Enfatizó que la policía captura delincuentes, pero estos son liberados rápidamente, lo que refleja una falta de efectividad en el sistema judicial.
“Cambiar o incorporar el delito de terrorismo urbano no es la solución. Esta medida busca encarcelar a los delincuentes, pero hay que ser conscientes que en el Perú, el sistema penitenciario está colapsado y no hay capacidad para ello. Es mentira lo que difunde el gobierno y la población merece más respeto”, agregó.
Para Ortiz las cifras presentadas por la policía nacional es un reflejo que se vienen cosas más fuertes para la sociedad, ya que en este año las cifras de denuncias por extorsiones superan las 15 mil.
“Delitos como extorsión, sicariato, robos y asaltos han aumentado. En 2023 hubo más de 22,000 denuncias de extorsión, y en 2024 la tendencia sigue al alza, lo que sugiere que la delincuencia crecerá aún más”, explicó.
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¿Por qué no podemos compararnos con países vecinos en la lucha contra el crimen?
Un punto que destacó César Ortiz, es que la Policía ha demostrado no tener el control ante esta crecida ola delincuencial, por el contrario, cuando usan su arma y hieren a un delincuente son procesados. Por otro lado, explicó que en la actualidad la fuerza policial no cuenta con armamento, municiones, uniformes u otros implementos para combatir a los delincuentes, a diferencia de los países vecinos.
“En otros países en donde la ola de violencia también ha sido grande (Colombia, Chile y Ecuador), han tomado medidas rápidas y es que la diferencia es la operatividad y los recursos que tienen a la mano. No podemos comparar a la policía de esos países con la nuestra, porque la PNP en la actualidad no cuenta con recursos”, acotó.
“Desde hace mucho tiempo dimos a conocer que el “Tren de Aragua” estaba operando en varios distritos de Lima, Callao y provincia. Este problema territorial no es de ahora. No existe un enfrentamiento adecuado ante este fenómeno delictivo y lamentablemente ya todo se salió de control”, sostuvo.
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Yuriko Cabeza, Lima 1987. Licenciada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia en medios digitales. Escribo sobre política, actualidad local y realizo informes especiales.
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