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Frente a las últimas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, respecto a la labor de la periodista Sol Carreño, la Defensoría del Pueblo instó a las y los representantes del Gobierno a no generar un ambiente hostil en contra de la prensa.
Al respecto la institución señaló que las expresiones vertidas por el representante del Gobierno refuerzan estereotipos de género, que el Estado tiene responsabilidad de rechazar y erradicar, porque evidencian y perpetúan la discriminación estructural contra las mujeres. Referirse a estos para calificarlas conforme a las expectativas y estereotipos social y culturalmente arraigados es estigmatizante y discriminador.
Para la Defensoría del Pueblo esta situación es particularmente grave, ya que el Gobierno central es el encargado de la elaboración y dirección de la política pública orientada a eliminar esta problemática. Así, en el Eje 6 de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2022 se prioriza la participación de las mujeres en espacios públicos; además, en el sexto objetivo de la Política Nacional de Igualdad de Género se advierte la necesidad de reducir la incidencia de patrones socioculturales discriminatorios contra las mujeres en la población.
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Asimismo, se compromete la libertad de información, ante los constantes cuestionamientos que se ejercen desde el Gobierno hacia los medios de comunicación. Recordamos que la labor periodística es gravitante para el ejercicio de las libertades de expresión e información de la población, por lo que gozan de un estatus y protección especial para investigar asuntos de interés público, contribuyendo a mantener informada a la sociedad y a fomentar su participación en el debate sobre asuntos de relevancia pública.
Mujeres son el 50 % de la población nacional
La Defensoría del Pueblo señaló que dada la posición de poder e influencia de las/los funcionarias/os públicas/os voceras/os del Gobierno, urge que el Estado, cumpla con su obligación de garantizarlos derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad, en este caso, las mujeres, que son el 50 % de la población nacional. Para ello, deben evitarse estas declaraciones que exacerben el clima de intolerancia y animadversión, especialmente contra periodistas mujeres.
La persistencia en el país de una cultura machista socialmente tolerada obstaculiza el logro de una igualdad real, que es la base de todo Estado constitucional y democrático de derecho. El Gobierno no puede ser indiferente ante esta problemática.
La Defensoría del Pueblo se mantiene atenta a estas situaciones para, en cumplimiento de sus funciones constitucional y legalmente atribuidas, contribuir a garantizar los derechos fundamentales, sin discriminación de ningún tipo.
