:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/FUF77BCEZZFO7JTIBMOYJF5OP4.jpg)
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento donde exhorta al Ejecutivo actuar ante el vacío legal que supone proceder para intervenir ante restos humanos de individuos que por sus actos en vida suponen una amenaza a la seguridad nacional.
En ese sentido, la institución argumenta que el Gobierno de Pedro Castillo debe tener presente que ni el Código Procesal Pena l ni la Ley General de Salud establecen con precisión cómo ejercer ante este tipo de acontecimientos.
“Ambas normas resultan insuficientes para dar respuesta a casos donde debe garantizarse no solo el derecho de los familiares a dar sepultura, sino también la seguridad de la ciudadanía en su conjunto, en especial de quienes fueron víctimas de un delito”, se lee en el documento.
Asimismo, recordó que es un deber imperativo del Estado “evitar la comisión de actos que enaltezcan el delito o a la persona que los cometió”.
El pedido de la Defensoría del Pueblo sucede en contexto con la falta de definición de qué hacer con los restos mortales del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reinoso, genocida que falleció el pasado 11 de setiembre mientras cumplía condena perpetua en la Base Naval.
“En relación con las personas que han cometido delitos gravísimos como el terrorismo, la necesidad de evitar toda forma de apología se sustenta en el deber constitucional de combatirlo, lo cual ha sido puesto de manifiesto tanto por el Tribunal Constitucional como por la Defensoría del Pueblo, en reiteradas ocasiones”, concluyó el comunicado.
