Daniel Soria: “El presidente ahora sí puede ser investigado preliminarmente”

¿Por qué la procuradora Silvana Carrión es la competente en la indagación contra el presidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos?

Todo se inicia por un oficio que me envía la procuradora Carrión pidiendo una precisión de sus competencias y yo le respondo. En ese oficio, lo que hago es confirmarle algo que ya había sido decidido antes en el marco del anterior Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Este ya había señalado que la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht y otros era competente no solo para ver presuntos casos de corrupción donde estaba involucrada esta empresa brasileña, sino también para poder participar en la defensa del Estado en procesos vinculados a otras empresas donde no necesariamente esté involucrada Odebrecht, pero donde presenten características similares respecto al esquema de actos de corrupción que realizaban.

¿Se refiere al Club de la Construcción?

Sí. Estas competencias fueron asignadas en el pasado. Entonces he revisado los antecedentes y en mi carta de respuesta a la procuradora Carrión le confirmo que es la competente. No le estoy asignando una competencia nueva y tampoco le estoy quitando competencia a otra procuraduría.

En su carta de renuncia, Amado Enco le recomienda que no vulnere en el futuro la competencia y autonomía de la Procuraduría Anticorrupción…

Desde el inicio de mi gestión, la Procuraduría General ha respetado estrictamente la autonomía funcional no solo del exprocurador Amado Enco sino de todos los procuradores. Todos los procuradores han actuado con absoluta libertad para hacer sus diligencias e intervenir en todos los casos. Entonces, esas injerencias no han existido y no existirán.

Enco sale justo cuando había pedido que el fiscal Abia informe a la Fiscalía de la Nación que el presidente Vizcarra, la ministra de Economía, María Alva, y el exministro de Salud Víctor Zamora habrían cometido el delito de colusión en las compras de las pruebas rápidas...

Se tenía información pública de la investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción luego de un reportaje periodístico. Sin embargo, concretamente, el escrito de fecha viernes 23 de octubre que Enco presentó en el marco de esta indagación fiscal donde pide que se eleven los actuados a altos funcionarios a la fiscal de la Nación, es un requerimiento del cual recién he tenido conocimiento ayer (martes).

¿Pero el pedido al Ministerio Público sigue en curso?

Sí, el fiscal Abia evaluará y si lo eleva a la fiscal de la Nación. Haremos lo mismo que en el caso Richard Cisneros. Nos apersonaremos, porque me corresponde como procurador general, y para una defensa eficiente se delegará la participación al que ahora será el procurador anticorrupción encargado: el doctor Javier Pacheco.

¿Comparte la interpretación de la fiscal de la Nación que afirma que el presidente Vizcarra es intocable durante su mandato y que no se le puede investigar ahora por el caso Swing?

Tengo una posición no solo como procurador sino como profesor de derecho constitucional con 20 años de experiencia. La norma, desde mi punto de vista, se refiere a que no se le puede acusar en el procedimiento de la acusación constitucional ante el Parlamento. En otras palabras, el presidente ahora sí puede ser investigado preliminarmente. Esa acusación se tiene que hacer luego del 28 de julio del 2021, pero sí se puede investigar preliminarmente.

¿Vizcarra está complicado por las pesquisas en su contra como los casos Swing y Club de la Construcción?

En todas esas pesquisas que se lleven a cabo, tengan la confianza de que el sistema jurídico del Estado conformado por procuradores estará apersonado y hará le mejor defensa técnica de los intereses del Estado.

¿Entonces así se trate del presidente Martín Vizcarra, la Procuraduría General puede solicitar medidas cautelares como embargos?

Es correcto. Se tienen que tomar todas las medidas del caso, porque de darse una sentencia en el futuro se tiene que garantizar que se ejecute, y por eso se tienen que tomar medidas desde antes. En democracia, nadie está fuera de la ley, ni el presidente.