Contraloría pide al Congreso tipificar conductas infractoras en función pública ante fallo del TC

La Contaloría General de la República solicitó este viernes al Parlamento que apruebe el proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras en la función pública, ante el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que recorta la facultad sancionadora del órgano de control.

La entidad dirigida por Nelson Shack instó al Legislativo a convocar a una sesión del pleno extraordinaria para que esta inicitiva pueda ser debatida y aprobada a la brevedad.

"Solicitamos con urgencia al Congreso de la República a que, en cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos parlamentarios, convoque a un Pleno Extraordinario que pueda debatir y aprobar el Proyecto de Ley N° 4267-2018-CG, presentado por la Contraloría General de la República", se lee en el comunicado.

"[Este proyecto] tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional en el marco de la potestad sancionadora de esta Entidad Fiscalizadora Superior, dando fin a esta lamentable situación de impunidad generada", señala.

Como se recuerda, este jueves el TC ratificó el fallo que recorta la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República. La entidad presidida por el magistrado Ernesto Blume declaró improcedente casi en todos sus extremos el auto de aclaración interpuesto por el Parlamento, a excepción de lo relacionado a las sanciones que han quedado firmes.

Según dicha entidad, estas no se verán afectadas por declaración de inconstitucionalidad, pero su incidencia en los procedimientos no concluidos ha de ser evaluada por los órganos competentes.

Al respecto, la Contraloría lamentó que más de 15 000 funcionarios "queden impunes" de los procesos que tenían en curso por un perjuicio económico que supera los S/ 300 millones.

En el fallo que el TC emitió el 26 de abril, se declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.

En el referido artículo se indican 4 supuestos en los cuales un servidor o funcionario puede ser sancionado por la Contraloría General de la República, aspecto sobre el que dicha entidad ha pedido legislar al Parlamento.